Mientras negocia un acuerdo, el Gobierno activó la nueva fórmula jubilatoria para cumplir un pedido del FMI.

El organismo había planteado que los haberes tienen que mantener el poder de compra. Luis Caputo dijo que “es difícil decir si habrá acuerdo” y se reunirá esta semana con un alto funcionario del Fondo Monetario.

En la semana en que el retomará las cada vez más visibles conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para analizar si concretarán un programa nuevo, el Gobierno activó por decreto un cambio en el esquema de actualización jubilatoria y dio espacio así a uno de los reclamos que había explicitado el organismo en las últimas semanas: que el fuerte ajuste fiscal deje de estar sostenido en el gasto previsional.

El ministro de Economía Luis Caputo tendrá esta semana un encuentro con el director del Departamento del Hemisferio Occidental Rodrigo Valdés, que no participa de una misión oficial del FMI en Buenos Aires pero que llegará a la ciudad para exponer en un seminario financiero este martes. En una entrevista televisiva el domingo por la noche, el jefe del Palacio de Hacienda aseguró, sobre la negociación con el organismo que “recién empezamos” y que “es difícil decir si habrá acuerdo o no”.

“Estamos explicando lo que sería nuestro esquema monetario y cambiario. Si el Fondo no está de acuerdo exploraríamos otros caminos”, apuntó en diálogo con La Nación +. El ida y vuelta con el FMI versa sobre un apoyo con desembolsos nuevos para reforzar el Banco Central a cambio de medidas estructurales, principalmente el desarme de controles cambiarios, explicó el jefe del equipo económico.

Hace poco más de un mes la subdirectora gerente del Fondo Gita Gopinath encabezó una comitiva formal y como una de sus conclusiones pidió que el ajuste para alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas “no recaiga desproporcionadamente” sobre los trabajadores para asegurar la viabilidad social y política del proceso de corrección fiscal.

Si bien el pedido de protección a los más vulnerables suele ser una constante en las declaraciones del Fondo Monetario en contextos de apoyo a planes de ajuste fiscal, el organismo planteó en distintas ocasiones, para el caso argentino, que los recortes presupuestarios deben asegurar que las jubilaciones y la asistencia social no pierda poder de compra de manera continua. Gopinath, en esa misma declaración de cierre de su visita, había asegurado que “es esencial sostener esfuerzos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y preservar el valor real de la asistencia social y las pensiones”.

Algunos días después la portavoz del organismo Julie Kozack reforzó esa idea: “Dada la muy delicada situación social, junto con las ya muy altas tasas de pobreza en Argentina, será importante asegurar asistencia social adicional y preservar el valor real de las pensiones. También se necesitan esfuerzos sostenidos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población”. En el lugar en el que el FMI vuelca de manera más formal sus propuestas, el informe de staff que hace luego de cada revisión técnica trimestral, el organismo coincidió en la idea de indexar por inflación los haberes y saludó la intención del Poder Ejecutivo de no renovar moratorias jubilatorias. En rigor, el Fondo espera que este año haya un menor gasto previsional en comparación con el 2023, un ajuste de 0,3% del PBI.

La preocupación del Fondo Monetario sobre la sustentabilidad del ajuste fiscal en un marco de indicadores sociales en deterioro (esta semana se conocerá el índice de pobreza e indigencia del cierre de 2023) está relacionada a cuánto de la corrección fiscal de los primeros dos meses del año, que condujeron al sector público hacia el superávit financiero, estuvo explicado por un gasto menor en jubilaciones y pensiones.

La nueva fórmula

La nueva fórmula jubilatoria, que fue anunciada el viernes por la Casa Rosada y promulgada este lunes en el Boletín Oficial, podría implicar una ahorro fiscal que le dé al equipo económico una herramienta más para acercarse al déficit cero.

De acuerdo a estimaciones del economista y director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) Nadin Argañaraz, la aplicación de la indexación mensual le podría reportar al sector público un ahorro de 0,7 puntos del Producto Bruto, estimó ante una consulta de Infobae, aunque se trató de una estimación con un escenario de una fórmula que comenzaría a regir en abril en lugar de en julio, como terminó por oficializarse. Sería, a priori, un número más alto que el 0,4% del PBI que había calculado el Ministerio de Economía en una primera instancia sobre cuánto del ajuste total (de 5 puntos del PBI) le correspondería al gasto previsional.

El Gobierno dispuso modificar por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la fórmula de movilidad jubilatoria, estableciendo que desde julio los haberes se actualizarán por inflación, y que en los meses previos, los jubilados percibirán adelantos a cuenta del cobro de junio, mientras que en abril se otorgará un incremento extraordinario del 12,5%.

Los cambios en la movilidad jubilatoria quedaron oficializados a través del Decreto 274/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial, donde se argumentó que “con el objeto de dar respuesta de forma rápida y eficaz a la acuciante realidad que enfrentan los adultos mayores de la República Argentina, el Estado Nacional ha tomado la determinación de modificar la actual fórmula de movilidad a fin de garantizar que nunca más los haberes de los jubilados perderán contra la inflación”.

A partir de dicha premisa, el Ejecutivo consideró que “es necesario establecer una nueva pauta de movilidad basada en la actualización mensual de los haberes de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)”.

Asimismo, sostuvo que “el cambio de componentes de la fórmula y su actualización mensual permitirán la implementación de una política eficiente de la seguridad social que considere el índice de costo de vida, logrando la plena efectividad de los derechos de la sociedad conforme el máximo de los recursos de que se disponga, de conformidad con las normas internacionales en la materia”.

Al mismo tiempo, justificó el cambio por DNU en que “la urgente necesidad de modificar la fórmula jubilatoria a los efectos de lograr mantener el estándar de vida de los adultos mayores y evitar que continúen perdiendo poder adquisitivo y el inminente inicio del mes de abril, cuyo transcurso dificultaría el debido empalme de fórmulas dan cuenta de las circunstancias excepcionales que exigen el dictado del presente decreto”.

De esta manera, el decreto estableció que las prestaciones se actualizarán mensualmente por inflación a través del IPC oficial y determinó que “en ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario”.

Al respecto de la entrada en vigencia de la nueva fórmula, el Gobierno especificó que la primera actualización en base a la movilidad dispuesta “se hará efectiva a partir de las prestaciones previsionales correspondientes al mes de julio de 2024”.

De cara a los meses que quedan hasta la aplicación de la modificación, el Ejecutivo dispuso que “a los fines de la transición, para la determinación de la movilidad correspondiente al mes de junio de 2024, resultará aplicable la fórmula vigente a la fecha de dictado del presente”.

Teniendo en cuenta que la próxima actualización de haberes por ley corresponde a junio, y a raíz de que “la gravedad de la crisis que enfrentan los adultos mayores hace que ellos no puedan aguardar hasta el mes de junio del corriente año para ver incrementados sus haberes”, se dispuso que “a partir del mes de abril del corriente año se concederán adelantos incrementales, equivalentes al Índice de Precios al Consumidor, a cuenta del porcentaje que determine la aplicación de la movilidad prevista por la Ley N° 27.609, de modo que la transición de uno a otro régimen de movilidad no implique padecimiento alguno para los adultos mayores”.

En este sentido, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorgará en abril “un incremento extraordinario equivalente al 12,5 % sobre los haberes prestacionales correspondientes al mes de marzo de 2024” y además “un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio de 2024, calculado conforme a la pauta fijada en el artículo 32 de la Ley N° 24.241”.

A su vez, los jubilados percibirán “en mayo de 2024, un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio del mismo año, calculado conforme a la pauta fijada en el artículo 32 de la Ley N° 24.241”, mientras que cobrarán “en junio de 2024, un incremento, calculado conforme a la pauta fijada en el artículo 32 de la Ley N° 24.241”.

En el decreto se aclaró que los incrementos dispuestos “serán a cuenta de la movilidad a pagar en junio de 2024 conforme el índice que se obtendrá de acuerdo a la fórmula de movilidad vigente a la fecha del dictado del presente”, precisando que “una vez obtenido el porcentaje que surja de esta, se descontarán los puntos porcentuales de los incrementos acumulados que la persona beneficiaria hubiera percibido”.

Asimismo, el Ejecutivo expresó que “en caso de que estos superen el aumento calculado según la fórmula mencionada en el primer párrafo de este artículo, no se descontará la diferencia, la que se considerará incorporada al haber. Si fueran menores a dicho aumento, se abonará la diferencia resultante”.

Críticas a la fórmula vigente

El Gobierno apuntó duramente a la fórmula de movilidad vigente, que combina el crecimiento de la recaudación con destino a la ANSES y el aumento de los salarios medido por el INDEC o de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), asegurando que “ha arrojado resultados desastrosos para los jubilados y pensionados del país, quienes han sufrido una notoria pérdida del poder adquisitivo”.

Profundizando en ese sentido, indicó en el decreto que la fórmula actual presenta graves y serios inconvenientes ya que “no cubre suficiente ni razonablemente el riesgo inflacionario que afecta los beneficios de los adultos mayores, pues no tiene en cuenta la variación de los precios; presenta un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes; se basa en datos que no son de fácil acceso para el público, lo que dificulta su control por parte de la ciudadanía; y supedita el resultado de la movilidad al éxito que tenga el Estado con la recaudación impositiva, cuya volatilidad e incertidumbre atentan contra la estabilidad y la previsibilidad que se espera de una fórmula de movilidad jubilatoria”.