Aída Ayala, exintendenta de Resistencia habló en sus redes sociales de la causa Pimp y “de cómo fui víctima de la corrupción que existe en la Justicia Federal”, dijo.

Este viernes, por la causa Lavado II, Aída Ayala y Jacinto Sampayo fueron condenados por corrupción, actividad ilícita realizada con fondos municipales.

En específico, la exintendenta fue condenada como autora penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional. Además, quedó inhabilitada de por vida para el ejercicio de las funciones públicas.

“Sostengo que fue una causa armada políticamente, iniciada por una llamada anónima que nunca existió, cuya denuncia fue por estupefacientes, asunto que no se investigó. Una jueza que obró de manera parcial, vinculada sentimentalmente con un imputado. Una licitación supuestamente ilícita cuyo contrato continuó vigente con las siguientes gestiones de gobierno hasta su finalización. Un expediente con foliatura adulterada. Un proceso donde no se respeto la Constitución Nacional”, dice Aída Ayala en sus redes sociales.

Además cuestiona: “Entonces yo me pregunto, ¿por qué yo sí y los gobiernos siguientes no? Si continuaron trabajando con la misma empresa y misma licitación... ¿de qué se me acusa? ¿Dónde está lo ilegal?”.

Las preguntas de Ayala surgen debido a que después de que dejó de ser intendenta Pimp siguió funcionando en la gestión de Jorge Capitanich e incluso en un tramo de la de Gustavo Martínez.

Según Ayala, sus fundamentos tienen pruebas: “Todas las pruebas de lo que expongo están en el expediente, a disposición de la justicia y de la gente. Los resistencianos me conocen, saben que mis banderas siempre fueron la transparencia y la honestidad”, asegura.

La condena

Después de seis años, este viernes el Tribunal Oral Federal de Resistencia, integrado por los jueces Enrique Bosch, Juan Manuel Iglesias y Noemí Berros, resolvió por unanimidad, condenar a Aída Ayala como autora penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación perpetua para el ejercicio de las funciones públicas y multa de 90 mil pesos que deberá ser efectiva en términos de 30 días de quedar firme la sentencia.

Además, el TOF mencionó que Ayala deberá, por el mismo tiempo de la condena, fijar residencia que no podrá modificar sin el previo conocimiento y autorización. También deberá realizar trabajos comunitarios no remunerados por el término de dos años.

En tanto, a Jacinto Sampayo lo condenaron como coautor del delito de lavado de activo a la pena de 3 años y 6 meses de prisión y multas de dos veces el monto de la operación.

Es de recordar que los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Gonella y la fiscal general Indiana Garzón habían pedido al Tribunal Oral de Resistencia, integrado por los jueces Enrique Bosch y Juan Manuel Iglesias y la jueza Noemí Berros (y Manuel Moreira como juez sustituto), la imposición 10 años de prisión para la exdiputada nacional y exintendenta de esa ciudad, Aída Ayala, y penas de entre 3 y 10 años de prisión para otras 15 personas por haber integrado una organización que defraudó a la Administración Pública a través de diferentes conductas delictivas y luego lavó el dinero provenientes esas actividades.

Para los fiscales se encuentra debidamente probado que los imputados conformaron una organización ilícita que se apropió de recursos públicos para beneficiar a la empresa PIMP S.A., propiedad del secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, y las firmas Tecmasa S.A., Recifis S.R.L., Dafs S.A., Ría Construcciones S.A., Ingeniero Pedro Alberto Construcciones, Logística Belgrano S.A., Coyrel S.A. y Cooperativa Las Palmeras, entre otras, con el otorgamiento de la licitación para el servicio de recolección de residuos de la ciudad chaqueña de Resistencia. La causa es conocida como “Lavado II” o “PIMP”.

El debate comenzó el 18 de septiembre de 2023 y a lo largo de las audiencias declararon 62 testigos y se produjeron una multiplicidad de otras pruebas documentales e instrumentales. Las audiencias de alegatos del MPF comenzaron el 18 de diciembre y en marzo fueron los alegatos de las defensas.

"Soy inocente, esta fue una causa armada, el objetivo era mi persona y terminar con mi carrera política. Hoy estoy proscripta no solo políticamente, sino también en esta sociedad. Lograron el objetivo, por eso les pido que lean y valoren las pruebas, creo en la Justicia y creo en ustedes. Solo estoy pidiendo verdad y justicia. Siempre enarbolé las banderas de la honestidad y transparencia, hoy me las han arrebatado. Yo no voy a bajar los brazos", insistió Ayala este viernes antes de que se conozca la condena de la Justicia Federal.

Por otro lado, los empresarios Alejandro Fischer, Carlos Huidobro y Pedro Martínez fueron condenados como partícipes necesarios de los delitos de fraude a la administración pública y lavado de activos a penas de 6 años y medio de prisión para el extitular de PIMP SA y de cinco años y medio para los últimos dos.

La lectura del veredicto por parte del presidente del TOF, Juan Manuel Iglesias, debió interrumpirse por una descompensación de la exintendenta Aída Ayala, pasando a un cuarto intermedio.