"No analizamos la posibilidad de que (Leandro) Zdero sea incluido en la secuela de la causa PIMP", dijo el fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia (TOF), Federico Carniel, quien habló sobre la condena que recibieron la ex intendenta de la capital chaqueña Aída Ayala y el ex secretario general del STM, Jacinto Sampayo y otros empresarios chaqueños.

Además, habló sobre el pedido que realizarán para que se abra una causa residual y continúen investigando a ex funcionarios radicales.

"Estamos conformes con la decisión, más allá del tiempo de la pena. Igualmente, hasta no ver los fundamentos, no puedo opinar sobre eso. Sí creo que la condena era muy importante porque ratificaba que hubo corrupción y que eso fue reciclado por un grupo de personas y configuró el delito de lavado de activos", señaló Carniel en declaraciones a Radio Libertad.

El Tribunal Oral Federal de Resistencia, integrado por los jueces Enrique Bosch, Juan Manuel Iglesias y Noemí Berros, resolvió por unanimidad, condenar a Aída Ayala como autora penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional (no irá a la cárcel), inhabilitación perpetua para el ejercicio de las funciones públicas y multa de 90 mil pesos que deberá ser efectiva en términos de 30 días de quedar firme la sentencia. Además, la condena implica que Ayala deberá hacer trabajos comunitarios por dos años sin remuneración.

"Vamos a recurrir a Casación por algunas absoluciones y sobre todo en lo que respecta a Aída Ayala y Jacinto Sampayo, porque entendemos que también deben ser condenados por los delitos por los que fueron absueltos, es decir, lavado de activos y corrupción respectivamente", expresó.

En el caso de la ex intendenta puntualizó que "más allá de la prisión, tenemos que tener en cuenta la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, me parece que es una pena importante para una persona que se dedica a la política, junto con el pago de una multa y la realización de trabajo comunitario".

"Si Casación confirma la condena tal y como está, estamos conformes con el resultado", afirmó. Además, agregó que el 8 de julio se conocerán los fundamentos de la sentencia.

Por otra parte, los empresarios Alejandro Fischer, Carlos Huidobro y Pedro Martínez fueron condenados como partícipes necesarios de los delitos de fraude a la Administración Pública y lavado de activos. Fischer recibió 6 años y medio de prisión y Huidobro y Martínez 5 años y medio.

"Cuando hicimos el análisis de la prueba y los hechos, pusimos mucho énfasis en la actividad empresarial. Creemos que debería hacerse un juicio residual con otras personas que fueron partícipes de esta maniobra. Está mencionado el actual ministro de Economía y otras dos personas que se encargaban de controlar la prestación del servicio y ordenaban los pagos a la empresa PIMP, quienes participaron en el armado y el resultado de la licitación", manifestó.

Juicio residual

Consultado por la posibilidad de que el actual gobernador de la provincia Leandro Zdero sea citado en la causa dijo que "no es el caso. El mandatario provincial declaró como testigo, pero no analizamos la posibilidad de que él tenga que venir como imputado en una causa residual, por lo menos desde nuestra parte".

Y siguió: "Sí pedimos por Alejandro Abraam, quien en su momento era quien certificaba las obras, mientras que otras personas participaban de la licitación".

Carniel aclaró: "Si mencionamos nombres para que sigan siendo investigados es porque existen pruebas suficientes, y si se ratifica que hubo corrupción, que hicieron un aporte esencial en el armado de la licitación y el pago de la misma".

Carniel nombró en ese sentido también a Nicolás Diez, quien era secretario de Infraestructura. "Sí hubo funcionarios que tuvieron participación activa".

"Creo que tanto el fiscal de primera instancia como la jueza deberían tener una mirada especial y ampliar la investigación", aseguró.

Los empresarios condenados

En el caso de los empresarios, indicó que no están inhabilitados para ejercer su actividad, pero algunos deberán estar detenidos. Para quienes fueron condenados por lavado de activos, en caso de que quede firme la sentencia, se ordenó el decomiso de sus bienes para que pasen a manos del Estado.

“Pasarán un tiempo detenidos y después podrán rehacer sus vidas. Ellos no están inhabilitados para ejercer su compercio o sus empresas”, expresó el fiscal en declaraciones a Radio Liberad.