Por estas horas corre la voz en Chaco y el país una denuncia en los medios de comunicación sobre lo que sería un caso de megacorrupción en la obra pública. Es que una funcionaria de Leandro Zdero, que se desempeña en la Dirección de Vialidad Provincial (DVP) estaría beneficiando con la adjudicación de obras a su marido, un empresario de la construcción conocido en la provincia.

El escenario político y administrativo de la provincia de Chaco se vio sacudido una vez más por una revelación que ha generado un torbellino de críticas y preocupaciones sobre la transparencia en la gestión pública y transparencia en la información pública.

Los papeles están siendo difíciles de encontrar, los esconden en cajones y con siete llaves, pero casi siempre todo sale a la luz tarde o temprano.

En julio de 2024, por la cifra de $400 millones se destinaron en contrataciones directas -durante sólo solo un mes-, situación que enciende las alarmas sobre posibles actos de corrupción en la Dirección de Vialidad Provincial.

Este escándalo que se hizo público en las últimas horas en el programa del periodista Tomás Méndez (TLN Denuncia) y también en Radio Clan FM, entre otros,  invita a una reflexión profunda sobre la mecánica de contratación del gobierno provincial y pone bajo la lupa a los funcionarios que manejan recursos públicos.

Chaco Ahora consultó con otras empresas constructoras sobre lo que está pasando y muestran “asombro”.  No todas tienen el “beneficio” de acceder a una contratación directa y están perdiendo, tiempo y plata.

Sorprende porque son empresas que tenían obras, pero nunca salieron, y/o se descontinuaron las obras que tenían, “quedaron ahí colgadas”, dijo una fuente confiable a este portal. Con esto surgen lo interrogantes: “¿Cómo puede ser que las obras que nosotros estábamos haciendo se frenaron, se siguen pagando el seguro, se sigue teniendo gastos y eso no se reactiva y por otro lado sí salen obras?”. 

El contexto de las contrataciones

La falta de licitaciones públicas para montos superiores a $33 millones es un hecho alarmante. En Chaco, la normativa establece que cualquier contrato que supere esa cifra debe ser sometido a un proceso de licitación pública. Sin embargo, en julio se observaron múltiples contrataciones directas que no solo sobrepasaron este umbral, sino que también plantean preguntas sobre la legalidad y la moralidad del proceso.

Acá aparece la figura de la ingeniara jefe Soledad Flores (Dirección de Planificación Vial). Su gestión marca controversia, no solo por el monto de las contrataciones, sino también por su vínculo familiar con Marco Damián Melli, quien es su esposo y un actor clave dentro de la obra pública. Se presente un caso de conflicto de intereses (empresario y funcionaria están casados), donde las decisiones administrativas y económicas pueden estar influidas por la conexión personal.

$400 millones para Melli

Las contrataciones directas en julio, para bacheo, fue de $19.496.444,96; otras de $120 mil pesos para relleno del puente Bergagno en Puerto Tirol (Resolución 1840 del 15 de julio), otra de $15.817.150,50 para la construcción de alcantarillas en tramos de jurisdicción de consorcios camineros; otra de $31.031.546,26 para más obras de bacheo en varias calles de Resistencia (Resolución 1931 del 15 de julio); otra de $25.389.446,94 para pavimento urbano de Puerto Tirol (Resolución 1934 del 15 de julio);  otra por $31.357.051,99 para el bacheo del tramo de la avenida  Isla Malvinas y acceso a la terminal (Resolución 1935 del 15 de julio).

Pero hay más: otra de $5.552.430,50 adecuación hidráulica Consorcio Caminero 39 de Enrique Urien (Resolución 1930 del 15 de julio); por $30.043.394,28 para la demolición y construcción de calzada de hormigón en Resistencia (Resolución 2051 del  24 de julio).