Luego de hacerse eco de las inquietudes, reclamos y dudas de la ciudanía por el hecho que involucra a la abogada y empleada judicial Gabriela Casas, que fue internada en Salud Mental del Hospital Perrando contra su voluntad y en un violento operativo, el diputado de Juntos por el Cambio, Francisco Romero Castelán presentó un proyecto para que el caso sea visto por la Cámara de Diputados con el objeto de llevar tranquilidad y determinar responsabilidades si se comprueba que hubo alguna arbitrariedad.

 En los artículos del proyecto presentado en la Legislartura, el legislador solicita al Poder Judicial, en el marco de lo dispuesto en el artículo 107 de la Constitución Provincial, y las leyes provinciales 119-A y 678-P, que a través del área correspondiente informe detalladamente 9  puntos.

Esto es: ¿Quién se hallaba a cargo del procedimiento referido a la doctora Gabriela Casas, el día 7 de octubre de 2024; qué autoridad ordenó la intervención de la Policía del Chaco y del grupo especial al momento de la ruptura forzada del portón de acceso de la vivienda de Casas; si hubo algún fiscal que dio la orden de desistir del procedimiento; bajo qué ordenes actuó la Policía del Chaco y cuál fue la intervención de los profesionales médicos de Salud Mental; qué denuncia había realizado Gabriela Casas ante el Superior Tribunal de Justicia, qué se tramito y qué se resolvió; si Gabriela Casas estaba bajo sumario, se informe desde cuándo y porqué hechos; cuáles eran los problemas psicológicos que supuestamente padece Casas; cuál es la situación de revista, dependencia y legajo de Gabriela Casas y copia de los dos oficios que la doctora Alicia Alcalá envió a Salud Mental, para que dieran origen a estos hechos”.

“Todo los solicitado es para esclarecer en forma contundente lo que los ciudadanos solicitan en los mensajes reproducidos en los medio de comunicación, y para tranquilizar a la población sobre los hechos ocurridos”, indicó Romero Castelán ante la consulta de Chaco Ahora.

Casas se desempeña en la Defensoría General del Chaco, y fue Alcalá la que ordenó se aplique el protocolo para su internación.  La abogada fue dada de alta del Servicio de Salud Mental este jueves, tras diez días de internación, de los cuales los primeros permaneció sedada.