El gobierno provincial presentó este martes un proyecto de ley que impulsa endurecer las sanciones contra el desmonte ilegal.

Es de recordar que lo hace ya con una causa avanza en la Justicia Federal por los desmontes ilegales, la mayor parte autorizadas de desmontes en 10 años era funcionario de este Gobierno, por el echado Hernán Halavacs, ex ministro de la Producción.

“No podíamos tener al zorro al cuidado del gallinero”, dijo Enrique Viale, miembro de la Asociación de de Abogados Ambientalistas cuando el gobernador Leandro Zdero echó a su ministro.

Hernán Halavacs, quien fue imputado por el Justicia Federal en la megacausa por los desmontes ielegales habilitó la mayor cantidad de permisos de desmontes en diez años. Este funcionario además era resistido por el campo que pedía su cabeza por desconocer el área, a la vez de que incumplieron promesas de campaña.

Zdero lo venía sosteniendo a Halavacs en el cargo a pesar de que desde agosto pasado fue imputado en la causa que investiga el entramado político y empresarial detrás de esta actividad a partir de una megadenuncia formulada por la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas. Está imputado por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos y asociación ilícita.

En su lugar asumió Víctor Zimmerman, quien promete otra mirada y con la misión de descomprimir ahora busca sanciones para los desmontes ilegales.

Lo que se presentó 
La iniciativa procura una mayor protección del ecosistema chaqueño, con una combinación de penas más severas y un sistema de control más eficiente. Además, prevé la obligación de reparar el daño ambiental y la implementación de un registro de máquinas topadoras para su seguimiento y control, dice el Gobierno.

En concreto, el Ejecutivo provincial envió a la Cámara de Diputados del Chaco un proyecto de Ley con el objeto de adoptar medidas más rigurosas para combatir el desmonte ilegal que incluyan, tanto la agravación de las penas como la implementación de mecanismos de control más eficientes. Así lo informaron este martes el secretario de Coordinación de Gabinete Livio Gutiérrez y el ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sustentable Víctor Zimmermann.

“Durante toda esta gestión no hubo autorización de cambio de uso de suelo ni permiso para desmonte de ninguna hectárea; estamos combatiendo el desmonte ilegal y en ese marco promovemos el agravamiento de multas y un control más fuerte”, apuntó Gutiérrez e informó que la propuesta contempla penas mucho más duras que las actuales para quienes violen el régimen forestal.

Es que de acuerdo a la Ley 2079-R (vigente), el valor base o de referencia para las multas es de un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) por hectárea. Lo que se propone es aumentar las escalas para estos delitos ambientales, llevando las escalas superiores de 10 a 12 SMVM, que a valores actuales oscilaría entre $2.624.329 y $3.149.195, acercándose al valor de la hectárea en el mercado inmobiliario.

Es decir que quien desmonta podría llegar a tener que “recomprar” su propio terreno como sanción, de acuerdo a la gravedad de las infracciones, o a la reincidencia. “Además de la sanción, el infractor deberá presentar un proyecto de reforestación para revertir todo el daño ocasionado al sistema forestal”, acotó Gutiérrez.

El funcionario advirtió que en materia forestal, es necesario seguir trabajando en trazabilidad, sustentabilidad y agravamiento de multas, además de dar con los responsables de destruir el patrimonio boscoso con el desmonte de 500 mil hectáreas en los últimos 10 años. “Dependerá de los legisladores la rapidez del tratamiento del proyecto; pretendemos que sea cuánto antes ya que nuestra gestión tiene un fuerte compromiso con el cuidado de bosques”, apuntó.

El ministro Zimmermann destacó también el compromiso del gobernador Zdero y de la actual gestión con el cuidado del ambiente y preservación de bosques. “Se trata fundamentalmente de evitar los desmontes ilegales; esto se suma al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que impulsamos oportunamente y que fue acompañado por una mayoría calificada en la Cámara de Diputados”, destacó.
Asimismo, comentó que existen otros proyectos similares en la Legislatura y auguró un rápido tratamiento de la iniciativa para preservar la superficie boscosa del Chaco.

Registro de máquinas y responsabilidad solidaria
Otra de las novedades del proyecto elaborado por el Ejecutivo es la implementación de un registro de máquinas topadoras para llevar a cabo un control más eficiente mediante la colocación de chips a las maquinarias. Esto permitirá rastrear su uso y facilitar la identificación de los responsables. Hasta ahora, la Ley 2079-R sólo permitía su secuestro, como parte de los operativos de control, pero se pretende ir más lejos, ya que sin topadoras no habrá desmonte.

En primer lugar, se habilitaría en la provincia un registro, con monitoreo en tiempo real, de las topadoras que operan. Por otra parte, haría responsables solidariamente a los propietarios de las mismas en caso de ilícitos, e incluso habilitaría la acción para la extinción de dominio, dado que sería doble el ilícito cometido por las mismas: infringir la ley de bosques, y además utilizar maquinaria no registrada, con el claro objetivo de evadir los controles.

“Buscamos así descubrir las responsabilidades en todo el circuito forestal a los efectos de detectar las infracciones rápidamente y que las multas no sean suaves”, señaló Livio Gutiérrez.