Luego de que el Gobierno de Javier Milei volvió voluntario el aporte por ‘capacitación’ al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap), la Confederación Federal Pyme Argentina pidió intervenir la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) por el manejo de fondos millonarios. Además se sumaron escandalosas condenas en la Justicia por acoso laboral y trabajo en negro contra el actual presidente, el chaqueño Alfredo González.

La medida de gobierno desató un revuelo en el sector mercantil. Desde 2008, los comerciantes deben pagar un aporte mensual obligatorio de ‘capacitación’ por empleado, aunque no cumplan con ese item, lo que representa una recaudación mensual de más de $5.600 millones y $70.000 millones al año, sin que haya una rendición de cuentas públicas de qué se hace por año con esos fondos que administran los gremios empresarios como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La contribución ‘obligatoria’, por parte del empleador, al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap), alcanza a 1.2 millones de trabajadores (la paritaria más grande del país).En marzo la cuota se incrementa a $ 4.725 por cada trabajador, porque está homologada en el convenio mercantil, e involucra el 0.50% del salario para la categoría Maestranza “A” inicial, es decir que se incrementa con cada paritaria y hay que pagarlo aunque los empleados no se capaciten nunca.

El presidente de la Confederación Federal Pyme Argentina, Mauro González, indicó que ya hay denuncias ante el gobierno para que se investigue qué se hizo con estos fondos, ya que por ejemplo, CAME inauguró un showroom en Brasil, y falta saber si se utilizaron los fondos que debían ir para capacitación.

También pidieron investigar la representación real de las cámaras que reciben esos fondos para ‘capacitar’.

Según el estatuto de CAME, la entidad debe ser dirigida y administrada por un consejo directivo con 90 consejeros titulares, pero aunque concentra a más de 1400 socios, en la conducción actual, la influencia de cámaras del Chaco en la administración y control es llamativa. Entre titulares y suplentes votan presidente 8 cámaras de la provincia, dos cámaras chaqueñas fiscalizan.

Además el actual presidente, Alfredo González, fue denunciado y CAME ya tiene condena judicial por acoso laboral contra una empleada. Por esta causa la entidad actualmente está embargada. Hay otro fallo firme por trabajo en negro, aunque administran millonarios fondos.