Se conoció en las últimas horas de este viernes una decisión del gobierno nacional en la que sostiene su política de "obra pública cero" y un sostenido desmantelamiento de organismos estatales nacional. Así lo denunció la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) que con extrema preocupación dio a conocer una reciente instrucción del Administrador General de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, que tendrá impacto en todos los distritos del país al dar de baja los contratos de obra pública vigentes (mediante nota NO-2025-23517811-APN-DNV#MEC).
"Este hecho representa el retiro total del Estado en la infraestructura vial, dejando en el abandono absoluto a las rutas nacionales y exponiendo a millones de argentinos a condiciones de tránsito cada vez más peligrosas. Se profundiza así el proyecto privatizador del gobierno, que no sólo busca el desguace de Vialidad Nacional, sino también beneficiar a empresas privadas a costa de la seguridad y la conectividad del país", sostienen de Fepevina.
Además mencionan que en la nota oficial se establece que la medida afectará tanto a las rutas que serán concesionadas bajo el Decreto 28/2025, como a todas aquellas fuera de la red concesionada. En otras palabras, se interrumpirán los contratos de mantenimiento, los acuerdos de provisión de insumos esenciales y cualquier otra acción que garantice rutas seguras y transitables.
"Estamos frente a un nuevo intento de implosionar Vialidad Nacional desde adentro. Con esta decisión, se condena a pueblos y regiones enteras al aislamiento, tal como ocurrió con el ferrocarril en los años 90", aseguran desde el gremio vial.
Y, reiteran con preocupación: "No habrá inversión pública, no habrá mantenimiento y no habrá seguridad vial. El objetivo es claro: debilitar a Vialidad Nacional hasta su colapso para justificar su entrega al sector privado", sostienen.
"Advertimos que este camino solo llevará a más accidentes, más muertes en las rutas y un país desconectado, con provincias enteras sin acceso a infraestructura básica. No permitiremos que se repita la historia. Llamamos a todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas a resistir este plan de vaciamiento y a exigir un modelo de gestión vial pública, transparente y en beneficio de toda la ciudadanía", concluyen