Redacción Chaco Ahora

La investigación por lavado de activos que sacude a la provincia del Chaco avanza con detenciones, allanamientos y el decomiso de bienes millonarios. En el centro del escándalo se encuentran dirigentes sociales que, bajo el amparo de organizaciones dedicadas a la asistencia barrial, habrían montado un esquema de desvío de fondos públicos, según sostiene la fiscalía.

La causa, que comenzó a tomar forma en 2024, dio un giro contundente tras la detención de Marcos Antonio Cáceres (26), Juan Carlos Rolón (52), Lucas Alexis Torales Cordero (34), y Diego Armando Rolón (41), todos ellos pertenecientes a fundaciones o movimientos sociales y detenidos desde el 1° de abril.

La Justicia Federal bajo la cabeza del fiscal Patricio Sabadini ya venía siguiendo la pista del patrimonio acumulado cuando el Gobierno de Leandro Zdero intervino el Iafep (cuyo titular Mauro Andión, también está detenido desde el 2 de octubre de acusado de desviar $16.500 millones a través de cooperativas fantasmas) lo que derivó en la apertura de un expediente por lavado de activos que ahora pone la lupa sobre una trama más amplia y estructural.  

Aunque la investigación judicial sigue su curso y los indicios de lavado de activos son sólidos, llama la atención el momento en que el caso tomó estado público, en medio del calendario electoral. En un contexto político marcado por tensiones y realineamientos, el avance de la causa podría tener repercusiones más allá del ámbito judicial y resonar en el escenario político local. 

Un patrimonio que no cierra

Según el informe técnico policial incorporado a la causa, entre Juan Carlos Rolón, Diego Rolón y Marcos Cáceres acumulan propiedades, construcciones y equipamientos valuados en varios cientos de miles de dólares.

Los investigadores apuntan a una incongruencia evidente entre los ingresos declarados por los implicados y el volumen de bienes que manejaban. Inmuebles, vehículos de alta gama, maquinaria pesada, cuentas bancarias y transferencias millonarias a nombre de terceros —muchos de ellos sin capacidad económica real— forman parte de las pruebas reunidas por el Departamento de Delitos Económicos y Financieros y la Justicia Federal.

"Estamos ante una red que habría utilizado cooperativas, asociaciones civiles y programas sociales como fachada para lavar dinero proveniente del desvío de fondos públicos", explicó una fuente judicial con acceso al expediente.

Cooperativas y contratos bajo la lupa

Entre los elementos clave de la investigación figuran contratos de obra pública firmados entre el Estado provincial y cooperativas vinculadas a Juan Carlos Rolón, Diego Rolón, Lucas Torales y Marcos Cáceres –los cuatro detenidos-, además de sus círculos íntimos, varios de estos convenios incluían adelantos millonarios que, según las pesquisas, nunca se tradujeron en obras efectivas o fueron parcialmente ejecutadas.

Uno de los ejes de la causa apunta a la triangulación de esos fondos a través de la compra de bienes registrables, que luego eran puestos a nombre de prestanombres o testaferros. Las maniobras, señalan los investigadores, se realizaron de manera sistemática y con conocimiento de parte del aparato estatal.

Juan Carlos Rolón, uno de los principales imputados, figura como propietario de al menos cinco inmuebles, entre ellos una casa familiar con pileta y un salón de usos múltiples de 344 metros cuadrados, un quincho con pileta conocido como "Los 4 Hermanos", otro complejo llamado "Quincho Isabella" y un amplio galpón cerrado. Solo en su vivienda principal, el valor estimado asciende a 483 mil dólares, y entre todas las propiedades, supera el millón según cálculos oficiales.

Mientras que Diego Rolón, también detenido, posee una vivienda de dos plantas con galpón, quincho y pileta en el barrio Toba, valuada en 345 mil dólares. Además, se identificó otra propiedad en construcción, aunque deshabitada, de menor valor.

Por su parte, Marcos Cáceres —otro de los referentes sociales investigados— es titular de una vivienda de dos plantas con quincho en Resistencia, valuada en más de 220 mil dólares.

El informe también registra una gran cantidad de equipamiento de construcción —como hormigoneras, andamios, carretillas y materiales— encontrado en un galpón vinculado a la organización, lo que sugiere capacidad operativa para obras de gran escala.

Aunque no se detalla en esta parte del expediente el patrimonio del dirigente Lucas Torales, sí se lo vincula a la misma estructura de movimientos sociales investigada por presunta asociación ilícita y lavado. Incluso, uno de los 22 allanamientos fue en la casa de su pareja Vanesa Díaz, influencer y excandidata a concejal de Posadas, quien ostentaba sus lujos en las redes sociales.

La organización investigada por lavado ya suma un patrimonio inmobiliario de al menos 2 millones de dólares

De primera, podemos decir que los allanamientos realizados en 22 propiedades ubicadas en Resistencia, Colonia Tacuarí y Misiones revelaron un patrimonio inmobiliario preliminar valuado en más de 2 millones de dólares, una cifra que podría aumentar considerablemente una vez completado el análisis de todos los bienes.

El operativo conjunto, llevado a cabo el pasado 1 de abril, también resultó en el secuestro de 10,5 millones de pesos en efectivo, armas de fuego, 14 vehículos, seis motocicletas, cuatro bicicletas, 37 cabezas de ganado, materiales de construcción y electrodomésticos.

Según un informe técnico elaborado por la División Arquitectura Policial con fecha del 8 de abril de 2025, la valuación en dólares de una parte significativa de los inmuebles asciende a 1.907.440 dólares. A esa cifra se suman otras propiedades relevadas en un segundo allanamiento, con un valor estimado en 15.235.000 pesos.

Sin embargo, el monto total podría ser aún mayor: siete de las 22 propiedades allanadas no fueron incluidas en el cálculo económico del informe (correspondientes a los allanamientos quinto, séptimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, vigésimo y vigésimo primero). Por lo tanto, el patrimonio final de la organización investigada podría superar con creces los 2 millones de dólares actuales.

La posible conexión política

Si bien por ahora no hay imputaciones formales contra funcionarios, la investigación no descarta una posible connivencia política. La permanencia durante años de estas organizaciones dentro de los circuitos de financiamiento público, sin controles efectivos, plantea interrogantes sobre el rol del Estado en la consolidación del esquema.

Un caso que puede sentar precedente

Este caso no solo involucra delitos económicos, sino que también expone los vínculos entre el poder político, las organizaciones sociales y el manejo discrecional de fondos públicos en una de las provincias más pobres del país. La Justicia chaqueña, bajo presión social y mediática, enfrenta el desafío de desentrañar una red que funcionó durante años con total impunidad.

Mientras tanto, el impacto social del caso es profundo. La caída de estos líderes sociales abre interrogantes sobre qué modelos de representación comunitaria pueden surgir para reemplazarlos y cómo reconstruir la confianza entre el Estado y las comunidades más vulnerables.

¿Cómo se justifica esto?

Según el informe técnico de inspecciones realizado por la Policía del Chaco, las propiedades, vehículos y dinero asociados específicamente a los dirigentes Juan Carlos Rolón, Diego Rolón, Lucas Torales y Marcos Cáceres, en base a la información disponible es esta:

1. Diego Rolón

Propiedades:

Tercer allanamiento (Chamamé y casi Calle 12):

Terreno: 240 m²

Construcciones:

Galpón (altura 7 m)

Vivienda de dos plantas (200 m²)

Quincho (90 m²)

Valor total estimado: USD 345.000

Duodécimo allanamiento (Warnes y Pasaje Calle 31):

Terreno: 185 m²

Vivienda de 42 m² (desmantelada, solo mampostería)

Cerramiento perimetral

Valor estimado: USD 10.500

Vehículos y dinero:

No se menciona específicamente en este informe.

2. Juan Carlos Rolón

Propiedades:

Primer allanamiento (predio principal con salón y pileta):

Terreno: 1.050 m²

Construcciones:

Vivienda tipo FONAVI (70 m²)

SUM (344 m²)

Entrepiso metálico (120 m²)

Quincho (96 m²)

Pileta (60 m²)

Valor estimado (700 USD/m² x 690 m²): USD 483.000

Sexto allanamiento:

Vivienda tipo FONAVI con ampliación (112 m² construidos)

Cochera semicubierta, patio

Valor estimado: USD 100.800

Séptimo allanamiento:

Galpón con herramientas y materiales de construcción (115,2 m²)

Incluye 7 hormigoneras, andamios, carpintería, maderas, cerámicos, perfiles de chapa, etc.

Aunque no tiene valuación específica de contenido, el volumen de herramientas sugiere un uso comercial relevante.

Vivienda familiar tipo FONAVI (familiar de Rolón, barrio La Ilusión):

Superficie cubierta: 61 m²

Semicubierta: 25 m²

Valor estimado: USD 44.000

Vehículos y dinero:

No se detallan en este informe.

3. Marcos Cáceres

Propiedades:

Cuarto allanamiento:

Vivienda en dos plantas con quincho

Superficie cubierta: 222 m²

Estado: Muy bueno

Valor estimado: USD 222.000

Vehículos y dinero:

No se especifica en este documento.

4. Lucas Torales

Importante: En el informe policial no se menciona directamente a Lucas Torales como titular o vinculado a alguno de los inmuebles inspeccionados. Puede estar relacionado a alguna propiedad sin identificar por nombre en este documento, o su rol es parte de otra etapa de la investigación.