El abogado penalista quien también incursiona como productor agropecuario Ricardo Ariel Osuna, imputado en una causa principal por abigeato y otros vinculados por encubrimiento y obstrucción de la actuación de funcionarios públicos, fue beneficiado con la libertad bajo caución real, según lo dispuso la Fiscalía Rural y Ambiental de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en General José de San Martín.
La medida fue dictada por la fiscal Noelia B. Miño a través del decreto 49/25, tras acreditarse el cumplimiento de una caución real, y se enmarca en el expediente principal 4059/2025-1, además de sus causas conexas, pudo saber este miércoles Chaco Ahora.
En el decreto judicial que ordena la libertad inmediata de Ricardo Ariel Osuna , no se menciona explícitamente el monto exacto de la caución real , pero sí se indica que: “Habiendo dado cumplimiento al embargo se dispone el cese de la prisión , ordénese el cese de la prisión, ordenando su libertad inmediata“.
Esto significa que la condición para conceder la excarcelación fue que se efectivizara el embargo de un bien ofrecido en garantía. El bien habría sido aceptado por la fiscalía como precaución real en reemplazo del monto fijado previamente.
Extraoficialmente se supo que el abogado defensor ofreció una caución real de $325 millones, cubierta con un inmueble registrado a nombre de Osuna. Este monto se desprende de la suma de lo exigido por la fiscal en las diferentes causas:
$40 millones (causa 9533)
$30 millones (causa 9676)
$50 millones (causa 7287)
$100 millones (causa 5917)
$105 millones por nuevas imputaciones
Total: $325 millones.
El acusado, cuya libertad fue ordenada conforme al artículo 301 del Código Procesal Penal, deberá cumplir con una serie de estrictas condiciones para evitar la revocación de la medida. Entre ellas:
Fijar y mantener domicilio sin ausentarse sin previa autorización del Ministerio Público Fiscal.
Comparecer a todas las citaciones judiciales y permanecer a disposición de la fiscalía.
Abstenerse de obstaculizar la investigación o cometer nuevos delitos.
Presentarse cada 15 días hábiles en la sede del Ministerio Público Fiscal Rural y Ambiental, en General San Martín.
Tiene prohibida la salida del país, con comunicación a la Dirección Nacional de Migraciones.
El decreto impone además una prohibición de acercamiento a una distancia mínima de 100 metros respecto de más de 30 personas involucradas en la investigación, así como la prohibición de cualquier tipo de contacto, incluso por medios digitales o redes sociales con dichas personas.
Además, Osuna tiene expresamente prohibido el ingreso a varios predios rurales , entre ellos:
“Establecimiento Pindó”, “El Trébol” y “Don Fernando”, ubicados en La Leonesa.
Campos situados en los parajes Palo Azul, El Quía, Laguna Pato y Puerta Eva Perón.
Los establecimientos rurales “Lualzi SA” y “Estancia Los Patricios SH”, en Margarita Belén.
Todos estos sitios fueron objeto de investigaciones previas por supuestas maniobras delictivas vinculadas a la causa principal.
El documento firmado electrónicamente por la fiscal Miño y el secretario Alejandro F. Fernández Rubio advierte que cualquier incumplimiento injustificado de las medidas impuestas implicará la revocación inmediata de la libertad otorgada, así como la ejecución del embargo dispuesto sobre bienes ofrecidos como garantía.
La Fiscalía ya libró oficios a las fuerzas de seguridad y organismos correspondientes.
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