El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, fue imputado por la Justicia federal en una causa que investiga el desvío de más de 1.660 millones de pesos hacia el Partido Justicialista (PJ) provincial, a través de órdenes de pago con datos falsos. La denuncia, presentada por la legisladora Gabriela Neme, generó un nuevo sismo político en la provincia.

La causa quedó registrada bajo el número 442/25 en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención del fiscal Eduardo Taiano. La acusación formal incluye los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad ideológica, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Según la presentación judicial, el Gobierno de Formosa habría emitido cinco órdenes de pago por un total de $1.660 millones bajo el concepto de “Haberes”, consignando información falsa para canalizar esos fondos al PJ local. Una de las operaciones señaladas es una transferencia de $5.944.000 con la leyenda “ASFL” (Asociación Sin Fines de Lucro), pero cuyo número de CUIT (30-67137743-1) corresponde al Partido Justicialista de Formosa y no a una ONG.

Los pagos habrían sido autorizados por las tesoreras provinciales Ana María Tesorieri y Liliana Noemí Barboza, junto al subsecretario de Hacienda y Finanzas, Miguel A. Antinori. Todos ellos aparecen vinculados en la maniobra que habría beneficiado directamente al espacio político liderado por el propio Insfrán.

En diálogo con este medio, Neme advirtió que el caso revela una grave incompatibilidad institucional: “O el Gobierno paga sueldos a los miembros del PJ provincial, o se usa el partido como pantalla para malversar fondos públicos”. La diputada recordó además que la Ley 26.215 de Financiamiento de Partidos Políticos establece que es el Estado Nacional —y no las provincias— quien debe financiar el funcionamiento de los partidos.

En paralelo, la Justicia federal solicitó al Banco Central información sobre los movimientos de dinero involucrados y su destino final. La causa seguirá su curso en los tribunales de Comodoro Py, fuera de la jurisdicción provincial, lo que representa un revés para Insfrán, quien gobierna la provincia desde hace más de tres décadas.

El avance de esta causa se suma a una serie de cuestionamientos anteriores por falta de transparencia y uso discrecional de recursos públicos en Formosa. Se espera que en los próximos días se definan nuevas medidas procesales, incluida una eventual citación a declarar del gobernador en calidad de imputado.

"Logramos imputar a Gildo Insfrán por Malversación de Caudales Públicos, Falsedad Ideológica, Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionario Público. Esta es la primera trompada a la corrupción pero no vamos a parar hasta meterlos presos", festejó la legisladora este jueves el avance judicial contra el gobernador peronista, a menos de doce horas de que el Senado de la Nación haya tirado abajo el proyecto de Ficha Limpia.

Al mismo tiempo, esta no es la única causa que tiene Insfrán dentro de Comodoro Py. El Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10 lo está investigando por la compra de una millonaria camioneta Toyota Land Cruiser 300 de uso particular, valuada en más de 213.500 dólares, con el dinero del fondo fiduciario para la Salud, la Seguridad y la Tecnología de Formosa.

La noticia de la imputación que sacude a Formosa se da un día después de que, en el Anexo del Congreso de la Nación, se llevara a cabo una reunión con víctimas y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos en la provincia. Los ciudadanos hablaron ante la comisión de Derechos Humanos y Garantías, y prestaron testimonios.

Denunciaron contaminación de las aguas provinciales, represión provincial, secuestros y torturas. La diputada del PRO, Sabrina Ajmechet, es quien preside la Comisión. Durante la reunión, expresó: “Formosa es, sin lugar a dudas, el caso más paradigmático de autoritarismo hoy existente en Argentina”. Además, anticipó a MDZ que, si bien se van a realizar más encuentros como este, la idea es eventualmente llevar la Comisión de Derechos Humanos a la provincia gobernada por Gildo Insfrán para seguir recabando testimonios.

Fuente: El Litoral / MDZol