La megacausa que investiga la presunta red de corrupción y lavado de activos que mantuvo en vilo al Chaco da un paso determinante: el Fiscal Federal Patricio Nicolás Sabadini ha solicitado la elevación a juicio oral de Ramón Alberto “Tito” López, su esposa Librada Beatriz Romero, y sus tres hijos.

Tras una investigación que se extendió por largos meses, iniciada en 2020 con el expediente FF Nº 178/19, el fiscal reveló un entramado de fundaciones "fantasma" y desvío de fondos públicos. Chaco Ahora accedió en exclusiva al voluminoso requerimiento de 90 páginas, un escrito que detalla con precisión los fundamentos para llevar al clan López, detenido desde septiembre de 2024, a la instancia de debate público.

La solicitud fue presentada ante el Juez Federal en la causa caratulada “LÓPEZ, RAMÓN ALBERTO Y OTROS S/ INFRACCIÓN ART. 303 INC. 2 A, ASOCIACIÓN ILÍCITA Y DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” (FRE 11335/2020). El Fiscal Sabadini sostiene que, tras una exhaustiva instrucción sumarial, se ha reunido la cantidad y calidad de pruebas necesarias para que los acusados enfrenten a la Justicia, desentrañando una trama de "impunidad y desparpajo".

Los López: Una Familia en el Centro de la Acusación

El requerimiento fiscal apunta directamente a una estructura familiar consolidada para delinquir. Ramón Alberto "Tito" López, alias "Tito", es sindicado como el jefe y organizador de una asociación ilícita, además de coautor de fraude contra la administración pública y de lavado de activos agravado por habitualidad y organización. Su esposa, Librada Beatriz Romero, enfrenta cargos como coautora del delito de lavado de activos agravado, un procesamiento que ya se encuentra firme.

Pero la imputación del fiscal Sabadini no se detiene allí. El escrito detalla que la presunta trama delictiva incluyó activamente a los hijos del matrimonio: David Alberto López, Walter Ramón López y Daniel Orlando López. La participación de estos miembros del clan en los hechos imputados refuerza la hipótesis de una estructura familiar dedicada al blanqueo de dinero y al desvío de recursos estatales, con roles específicos dentro de la presunta organización.

El Engranaje del Fraude al IAFEP: Fundaciones Fantasma y Facturación Millonaria

Uno de los pilares de la investigación es el uso de fundaciones que, según el fiscal, actuaban como meros "sellos de goma" para canalizar fondos públicos. El requerimiento fiscal menciona con nombre y apellido a las siguientes entidades:

"Los Dueños de la Raza"

"Buen Vivir y Trabajo"

"Construyendo País"

Estas fundaciones, que carecían de empleados y sedes reales, habrían logrado facturar sumas millonarias al Estado chaqueño. El fiscal Sabadini subraya que gran parte de estos fondos provenían directamente del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), un organismo crucial destinado al desarrollo y apoyo de sectores vulnerables cuyo titular era Mauricio Andión, también detenido desde el 3 de octubre de 2024.

Esto evidencia un presunto desvío sistemático de recursos públicos y un grave fraude contra la administración, transformando lo que deberían ser fondos para asistencia social en ganancias ilícitas para el clan López.

Conexiones Peligrosas: Exfuncionarios en la Trama de Corrupción

Si bien el requerimiento de elevación a juicio actual se centra en el núcleo del clan López, el extenso escrito fiscal de 90 páginas revela que la investigación abarca una red más amplia de involucrados, incluyendo a exfuncionarios del gobierno de Jorge Capitanich. Entre ellos, el requerimiento menciona la presunta participación de Marta Soneira, cuya situación procesal aún se encuentra pendiente de resolución.

El fiscal Sabadini detalla que su caso fue objeto de una ampliación del requerimiento de instrucción que conformó las actuaciones FRE 6487/2024, sugiriendo un rol dentro de la asociación ilícita y los delitos precedentes.

Asimismo, la compleja trama investigada incluye a Walter Pasko -el contador, también detenido desde el 25 de abril de 2025-. Si bien los detalles de su participación no son el foco principal de esta elevación a juicio, su mención en el contexto de la causa subraya la amplitud de la presunta red de defraudación y lavado que habría operado en la provincia.

La Justicia Federal continúa profundizando en los distintos eslabones de esta estructura delictiva para desentrañar la totalidad de la operación, lo que podría derivar en futuras elevaciones a juicio contra otros implicados.

Fundamentos de la Fiscalía: Un Patrimonio Injustificado y Pruebas Contundentes

El fiscal Sabadini fundamenta su pedido de elevación a juicio en la convicción de que la instrucción sumarial está completa, respaldada por una vasta cantidad de piezas de convicción acumuladas a lo largo de los meses de investigación desde 2020. Entre los elementos clave que sustentan la acusación se encuentran:

Incremento Patrimonial Injustificado: El patrimonio y el estilo de vida del clan López son notoriamente incompatibles con sus ingresos declarados, evidenciando un enriquecimiento ilícito.

Bienes no Declarados: Se identificaron numerosos bienes muebles e inmuebles, vehículos y fondos en efectivo cuya procedencia no pudo ser justificada, formando parte del circuito de lavado.

Movimientos Bancarios Irregulares: El rastreo de flujos financieros y bancarios ha revelado operaciones que sugieren el blanqueo de activos.

Simulación de Actividades: Las fundaciones mencionadas no poseían infraestructura ni personal, corroborando su rol de "pantallas" para desviar fondos públicos, particularmente del IAFEP.

Conexiones con el Estado: Evidencia de cómo se tejieron vínculos con reparticiones públicas como el IAFEP para obtener contratos y convenios millonarios sin contraprestación real.

Todo esto conforma un "marco fáctico" que, a criterio del fiscal, amerita el debate oral para que se determinen las responsabilidades penales de los imputados.

Hacia el Juicio Oral: Detención, Posibles Penas y Expectativa Social

El clan López se encuentra detenido desde septiembre de 2024, una medida que marcó un punto de inflexión en la investigación y que generó un fuerte impacto. Con la solicitud de elevación a juicio, ahora será el Juez Federal interviniente quien deba resolver el requerimiento. De ser aceptado, el expediente pasará a la etapa de juicio oral y público.

Aunque aún no hay fecha precisa, se estima que el debate podría realizarse durante 2025. Los delitos imputados son de suma gravedad y conllevan penas elevadas: el lavado de activos agravado, la asociación ilícita y el fraude al Estado pueden implicar hasta 10 años de prisión y fuertes sanciones económicas.

Este caso, que ha generado un fuerte impacto en la comunidad chaqueña y en el ámbito político, se suma a una serie de investigaciones por corrupción que evidencian presuntas tramas de desvío de fondos públicos a través de organizaciones sociales, un fenómeno que la Justicia Federal chaqueña busca desmantelar y que mantiene en vilo a la opinión pública, exigiendo transparencia y rendición de cuentas a exfuncionarios ligados a la gestión del exgobernador Jorge Capitanich.

CINCO DESTACADOS DEL REQUERIMIENTO DEL FISCAL SABADINI:

1. DETENCIÓN CLAVE: El clan López (Ramón Alberto "Tito", su esposa e hijos) está detenido desde septiembre de 2024.

2. ENTORNO FAMILIAR IMPUTADO: Se imputa a Ramón "Tito" López, su esposa Librada Beatriz Romero y sus hijos David Alberto, Walter Ramón y Daniel Orlando López.

3. FRAUDE AL IAFEP Y OTRAS ÁREAS: Se citan a "Los Dueños de la Raza", "Buen Vivir y Trabajo" y "Construyendo País" como "sellos de goma" que facturaron millones al Estado, especialmente al Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP).

4. VÍNCULOS CON EXFUNCIONARIOS: El escrito de 90 páginas menciona la presunta participación de Marta Soneira en la asociación ilícita y al contador Walter Pasko que si bien no era funcionaerio su esposa sí era agente en el organismo que conducía Andión, destacando la posible implicación de otros ligados a la gestión anterior.

5. GRAVEDAD DE LOS DELITOS: Los cargos incluyen asociación ilícita, fraude al Estado y lavado de activos agravado, con penas de hasta 10 años de prisión.