La causa judicial que salpica al exgobernador Jorge Capitanich sumó en las últimas horas una medida clave: por pedido de la Fiscalía Federal de Sáenz Peña, la Justicia ordenó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil del exmandatario, de sus hijas Jorgelina y María Guillermina Capitanich, y de otros exfuncionarios de su gestión.

Se trata de una causa por presunto fraude contra la administración pública, lavado de activos agravado, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y otros delitos. El expediente se originó a partir de una denuncia de la actual titular del Instituto de Colonización, Ana María Canata, quien reveló posibles maniobras irregulares en la entrega de tierras fiscales durante el último gobierno de Capitanich.

📂 ¿Qué busca la Justicia?

El fiscal federal Carlos Amad solicitó a organismos nacionales como la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central que informen si los investigados aparecen vinculados a operaciones sospechosas de lavado, movimientos bancarios inusuales o productos financieros no declarados.

El pedido incluye un detalle exhaustivo de todas las cuentas bancarias, tarjetas, plazos fijos y productos financieros activos o cerrados entre 2020 y 2024, además de los movimientos mensuales y las relaciones como titulares, cotitulares o apoderados.

También se pidió al Registro Público de Comercio que informe si Capitanich y los demás implicados integran sociedades comerciales. Si las hay, deberán remitirse copias certificadas de los contratos y de cualquier modificación societaria.

👥 ¿Quiénes están bajo la lupa?

Además de Capitanich y sus hijas, aparecen en el expediente:

Sheina Marlene Waicman, ex presidenta del Instituto de Colonización.

Darío Ariel Zaks, pareja de Waicman.

Santiago Pérez Pons, exministro de Economía, cuya defensa logró postergar su indagatoria.

La hipótesis de la Fiscalía es contundente: hubo un esquema sistemático de entrega irregular de tierras y desvío de fondos públicos, utilizando empresas pantalla, familiares y testaferros.

⚖️ El caso gana volumen

Las audiencias de indagatoria que estaban previstas para abril fueron suspendidas por planteos de las defensas, pero el expediente avanza con fuerza. La documentación recolectada incluye decretos oficiales, registros bancarios y declaraciones juradas que mostrarían inconsistencias patrimoniales entre lo declarado y lo efectivamente acreditado.

Se espera que en las próximas semanas lleguen los primeros informes del BCRA y la UIF. Si se confirman las sospechas, el caso podría derivar en procesamientos formales por corrupción estructural durante la última gestión provincial.