El Gobierno de Javier Milei, de la mano de Patricia Bullrich, busca transformar a la PFA en una fuerza de elite al estilo del FBI. El proyecto ya generó tensiones internas por la ampliación de sus funciones, que incluye tareas de inteligencia digital sin control judicial y nuevas atribuciones para detener personas en forma preventiva.

Sí, el Gobierno nacional dio un paso clave hacia la reconfiguración de la Policía Federal Argentina (PFA) con la promulgación de una nueva Ley Orgánica, fechada el 3 de junio de 2025. El texto redefine las misiones, funciones y estructura de la fuerza, con un objetivo ambicioso: convertirla en una policía de elite especializada en delitos complejos, con facultades ampliadas para actuar sin autorización judicial en ámbitos como las redes sociales o las detenciones preventivas.

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, elaboró el proyecto con la idea de posicionar a la Federal como la principal fuerza de investigación criminal del país. La iniciativa busca "modernizar" a la PFA y dotarla de herramientas para anticiparse al delito. Sin embargo, el documento que circula entre las fuerzas federales encendió alarmas: desde el interior de la PFA y otras instituciones como Gendarmería y Prefectura advierten que las nuevas atribuciones son "excesivas" y podrían derivar en abusos.

Patrullaje en redes sin orden judicial

Uno de los puntos más sensibles es el que habilita a la Policía Federal a realizar tareas de patrullaje en “espacios públicos digitales” sin orden judicial. Según el inciso 11 del artículo 6 del nuevo texto, la fuerza podrá actuar en redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas para “prevenir delitos”. El documento aclara que estas tareas deberán respetar la intimidad, la libertad de expresión y los datos personales, pero no exige intervención judicial para llevarlas a cabo.

El margen de interpretación es amplio y preocupa a especialistas en derechos humanos y cúpulas policiales. El desarrollo de inteligencia criminal en internet, sin control judicial, representa un cambio profundo en el paradigma de actuación de las fuerzas.

Detenciones preventivas sin orden judicial

Otro de los puntos más controversiales es el inciso 7, que habilita la detención de personas sin intervención judicial si se presume que “hubiesen cometido o pudieren cometer algún hecho delictivo”, siempre que no acrediten su identidad. La redacción ambigua permite retener a una persona hasta que se confirme su identidad, con aviso al juez pero sin necesidad de orden previa.

A esto se suma el inciso 8, que autoriza a la Policía a “registrar y calificar a las personas dedicadas habitualmente a una actividad que la policía debe reprimir”, sin mayores precisiones. Estas atribuciones, según voces dentro de las fuerzas, pueden derivar en prácticas de control social discrecional y persecución basada en perfiles, más que en hechos.

Nueva estructura: hacia una “FBI criolla”

La ley impulsa una reestructuración integral de la Policía Federal, que ahora contará con dos grandes departamentos: el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), enfocado en delitos complejos, narcotráfico e inteligencia criminal; y el Departamento Federal de Coordinación (DFC), encargado de la logística y la administración. Dentro del DFI funcionarán tres subestructuras clave: las Agencias Federales de Investigación, las Investigaciones Federales y las Investigaciones contra el Narcotráfico.

Además, se proyecta un crecimiento del 10% anual en la cantidad de efectivos destinados al interior del país, con la intención de que el DFI controle todas las investigaciones criminales en el territorio nacional mediante superintendencias regionales.

Facultades ampliadas

Entre las nuevas funciones, se destaca la potestad de la Policía para:

Desarrollar acciones de inteligencia criminal según la Ley 25.520.

Acceder a bases de datos públicas y privadas, respetando las leyes de protección de datos.

Integrar equipos conjuntos de investigación con otras fuerzas y organismos, incluso internacionales.

Brindar protección a funcionarios nacionales, sedes diplomáticas y fronteras.

La jefatura de la PFA será designada por el Poder Ejecutivo, con posibilidad de nombrar a una persona ajena a la fuerza si se considera idónea.

Reacciones internas

El proyecto generó malestar interno. Fuentes consultadas por Chaco Ahora señalaron que las nuevas facultades crean una PFA con poderes por encima de las otras fuerzas federales, rompiendo el equilibrio institucional. “Esto no es solo una modernización, es una concentración de poder inédita”, expresó un alto mando de Gendarmería.

Desde el Ministerio de Seguridad sostienen que la reforma es necesaria para enfrentar la criminalidad organizada con una fuerza profesionalizada, centralizada y ágil. Pero la falta de controles externos en áreas sensibles como la inteligencia y las detenciones genera preocupación en sectores judiciales y políticos.

Mientras tanto, el documento sigue en circulación interna y no ha sido presentado públicamente. El debate que se abre es tan técnico como político: ¿puede una policía federal tener facultades extraordinarias sin afectar los principios constitucionales y las garantías individuales?