Dos días después de dejar firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner y sellar su proscripción política, los jueces de la Corte Suprema de Justicia se autorizaron un aumento de sueldo. Lo hicieron en silencio, por fuera del tope salarial que busca imponer el Gobierno nacional, y en medio del deterioro generalizado de los ingresos en la Argentina.

Los sueldos ya eran desorbitantes: Horacio Rosatti percibía $19.147.398 mensuales, Ricardo Lorenzetti $19.534.215 y Carlos Rosenkrantz $18.567.176, sin contar el nuevo incremento del 2,2%. A diferencia del resto de los trabajadores y trabajadoras del país, los jueces no pagan Ganancias si ingresaron al Poder Judicial antes de 2017.

El contraste entre el poder de estos magistrados —que decidieron con velocidad inédita un fallo que cambia el mapa político— y la realidad de millones de argentinos que enfrentan la inflación, la precarización y la pérdida de derechos es brutal. Mientras los jubilados esperan fallos hace más de siete años por recortes en sus haberes, la Corte liquidó el caso “Vialidad” en dos meses y diez días, confirmando la condena de seis años e inhabilitación perpetua para la expresidenta.

Una sentencia escrita desde antes

El martes 10 de junio, los supremos tenían su tradicional reunión de acuerdos. No estaba en agenda ningún tema extraordinario. Sin embargo, ese mismo mediodía, el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, convocó a una sesión urgente para las 16. Lo que parecía una formalidad se convirtió en un movimiento decisivo: con los votos de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, se rechazaron los recursos de las defensas de Cristina y otros condenados por el Tribunal Oral Federal 2.

No hubo análisis de las pruebas cuestionadas, ni revisión de las irregularidades denunciadas por las defensas, entre ellas la falta de imparcialidad de jueces como Rodrigo Giménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani, que jugaban al fútbol en la quinta de Macri, denunciante en la causa. Tampoco se tuvo en cuenta que el juez Julián Ercolini fue huésped del Grupo Clarín en Lago Escondido y que los camaristas que confirmaron la condena, Borinsky y Hornos, visitaron a Mauricio Macri en Casa Rosada y Olivos al menos 22 veces.

La decisión de fallar justo antes del cierre de listas electorales tuvo un claro efecto: dejar a Cristina fuera del juego político. Una sentencia judicial con consecuencias electorales concretas.

Aumento millonario y beneficios exclusivos

Mientras en la Argentina los sueldos se achican y las jubilaciones mínimas no alcanzan los $300.000, los jueces de la Corte Suprema firmaron un aumento de 2,2% para sí mismos y el resto del Poder Judicial. En el texto de la acordada invocan el “propósito de mantener el poder adquisitivo de los sueldos”. Una frase que podría resultar irónica para cualquier trabajador fuera de los pasillos de Comodoro Py.

Las cifras son escandalosas:

Rosatti: $19.147.398

Lorenzetti: $19.534.215

Rosenkrantz: $18.567.176

Julián Ercolini: $11.169.889

Camaristas y jueces federales: entre $13 y $16 millones

Estos montos no incluyen el nuevo aumento ni los beneficios fiscales. Son cifras que los colocan entre los funcionarios públicos mejor pagos del país, y también entre los más alejados de la realidad social que sus decisiones impactan.

Un tribunal que castiga con rapidez y protege con demora

El caso “Vialidad” es solo una muestra del poder de daño que puede ejercer la Corte. Contra Cristina, la resolución fue fulminante. En otras causas, como el espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan o la causa Correo contra Mauricio Macri, la parálisis es la norma. Los expedientes duermen años sin que haya avances. Lo mismo ocurre con reclamos de jubilados y causas de lesa humanidad.

Tampoco se pronunciaron aún sobre el DNU 70/2023 que desreguló gran parte de la economía y empobreció a millones de argentinos. En cambio, para impedir que CFK sea candidata, activaron con celeridad poco habitual.

El fallo, basado en argumentos ya utilizados por instancias anteriores, fue redactado por dos secretarios judiciales. No se incorporó análisis nuevo. Se repitieron fórmulas para justificar la condena. Las sospechas de parcialidad y los vínculos políticos de los jueces involucrados no fueron consideradas relevantes.

El poder judicial más poderoso y más privilegiado

En un país donde el Congreso debate si los altos cargos deben ajustarse a la realidad económica, los jueces de la Corte no solo se blindan con sueldos millonarios, sino que también gozan de impunidad funcional. Responden más a los intereses del poder económico y mediático que a los derechos de la ciudadanía.

La decisión de confirmar la proscripción de Cristina y luego autorizarse un aumento salarial deja al desnudo una Corte Suprema que actúa como actor político central, y que, lejos de ser un poder independiente, se mueve al ritmo de las presiones externas.

Privilegios económicos, doble vara judicial y decisiones con impacto electoral: la Corte no solo dicta justicia. También construye poder. Y se premia por ello.

Fuente: Irina Hauser