La tensión en el transporte público del Gran Resistencia escala día a día. Las empresas concesionarias advierten que la situación financiera es “insostenible” y no descartan medidas drásticas como reducción de frecuencias, parálisis del servicio o incluso presentaciones judiciales. Desde el Gobierno provincial aseguran que existe voluntad de diálogo, pero también reconocen que no hay margen fiscal para una asistencia mayor.

El conflicto, que tiene a miles de usuarios en vilo, se agudiza por la falta de actualización de tarifas, el retraso en los subsidios y el impacto de los acuerdos salariales del sector.

“El último aumento fue de $1.200.000 y ahora hay un nuevo pedido de $1.300.000, más la primera cuota del aguinaldo. Todo esto sin estar contemplado en tarifas ni compensaciones”, explicó Gustavo Larrea, referente nacional de Fatap.

Las empresas aseguran que la "tarifa técnica" ya supera los $2200, mientras el valor real del boleto está muy por debajo. A su vez, denuncian un "desfasaje grave entre ingresos y egresos" y afirman que operan con subsidios calculados sobre costos de septiembre de 2024.

Por otro lado, desde el Gobierno provincial, el subsecretario Rodolfo Díaz fue tajante: “No hay más margen”. Y aunque no descartó una readecuación tarifaria, aclaró que aún no hay fecha para la audiencia pública. “La situación no es nueva. Lo sabían, pero ahora se profundiza por el pago del medio aguinaldo. Y mientras tanto, los usuarios migran a otras opciones por la baja calidad del servicio, y eso empeora aún más el problema”, señaló.

La postura del Gobierno chaqueño se mantiene alineada con Nación, que ya definió el recorte progresivo de subsidios al transporte en el interior del país. En este marco, la Provincia apuesta al diálogo, pero con restricciones claras.

En medio del tironeo entre el sector empresario y el Estado, miles de usuarios siguen esperando certezas, mientras la posibilidad de un nuevo paro o reducción del servicio amenaza con paralizar la movilidad en el área metropolitana.