La Justicia chaqueña avanzó con la elevación a juicio de una de las causas más explosivas de la última gestión provincial. La fiscal Graciela Griffith Barreto presentó el requerimiento formal para que el expediente por corrupción en el IAFEP llegue a juicio oral. La causa involucra a exfuncionarios de primera línea del gobierno de Jorge Capitanich y expone un presunto esquema de desvío de fondos millonarios.

Los principales imputados son Mauro Andión y María Laura Moreno, ex titulares del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), quienes permanecen detenidos. Están acusados de administración fraudulenta y malversación de fondos públicos, por haber autorizado pagos a cooperativas y fundaciones sin actividad real.

La investigación comenzó a fines de 2023, cuando Clelia Ávila fue designada interventora del IAFEP y denunció múltiples irregularidades. A partir de allí, la Fiscalía recolectó testimonios, documentos y dispositivos electrónicos que revelaron maniobras sospechosas. El circuito, según la acusación, consistía en girar fondos del Estado a organizaciones ficticias, simulando obras y servicios que nunca se realizaron.

Una red de fundaciones truchas y fondos públicos

En paralelo, una causa federal por lavado de dinero reveló que al menos $815 millones fueron girados desde el IAFEP a entidades sin actividad económica. Entre ellas figuran Abriendo Puertas ($197 millones), Brilla Mujer ($147 millones) y Solidaridad es una Elección de Vida ($125 millones).

La Justicia federal sostiene que existía una asociación ilícita encabezada por Walter Pasko y Fernando Ayala, procesados con prisión preventiva. Se los acusa de usar facturas truchas para generar crédito fiscal ficticio y lavar el dinero público.

Desde la intervención del organismo, se descubrió una tablet con datos clave: nombres, fechas y montos que podrían vincular a exfuncionarios con cooperativas pantalla e incluso con fuerzas de seguridad. “Podría haber una matriz de corrupción sistémica”, advirtió la interventora Ávila. El asesor jurídico, Godofredo Pérez Dudiuk, aseguró que la información coincide con causas abiertas y personas detenidas.

La defensa: “No hay delito, hay fallas administrativas”

Marco Molero, defensor de Mauro Andión, confirmó que no apelará la elevación a juicio para evitar demoras. Sin embargo, cuestionó con dureza la acusación. “Las obras que dicen que no existen, sí se hicieron. Esto no es corrupción, son errores administrativos”, aseguró.

También apuntó contra la prensa: “Decían que era una megacausa de miles de millones, pero hoy es una causa menor. Nadie se llevó el presupuesto, los fondos se usaban para salarios y obras. Se discuten apenas algunos casos”.

Molero defendió el accionar de su cliente: “Andión firmaba pagos basándose en informes técnicos. No salía a medir los metros construidos. Quien diga que hay fraude, que lo pruebe. En juicio se demostrará que muchas de las obras cuestionadas existen”.

Próximo paso: el juicio

Si el resto de los imputados no apela, el juicio podría comenzar en los próximos meses. De lo contrario, el proceso se demorará. La megacausa IAFEP, con sus múltiples ramificaciones judiciales y políticas, promete ser uno de los procesos más fuertes del año en la provincia.