El jubilado chaqueño D.R.V., imputado por realizar amenazas contra el presidente Javier Milei y otras figuras públicas mediante redes sociales, comenzará a cumplir arresto domiciliario en su vivienda de Resistencia, según una resolución judicial dictada el pasado viernes.

La medida fue ordenada por el juez federal Ariel Lijo, en cumplimiento de un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires. Si bien la defensa del imputado solicitó su excarcelación, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi rechazaron ese pedido, pero dispusieron flexibilizar su situación procesal para que la detención se cumpla en su domicilio.

Además, la Justicia impuso restricciones que incluyen la retención del pasaporte, la prohibición de salir del país y la colocación de un dispositivo electrónico de monitoreo permanente.

D.R.V. fue detenido el 2 de julio tras un operativo realizado por la División de Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de que se lo identificara como responsable de amenazas publicadas desde una cuenta bajo el alias "Elpidio Sánchez". Entre las figuras amenazadas, además del presidente Milei, se encuentran el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y periodistas vinculados al oficialismo.

En el allanamiento a su domicilio, se secuestraron una carabina calibre .22 y cuatro armas de aire comprimido. Durante los primeros días de detención, el jubilado estuvo alojado en condiciones precarias en una oficina de la Comisaría Tercera de Resistencia, sin acceso a elementos básicos de higiene ni atención médica adecuada, situación que motivó la intervención del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco mediante un hábeas corpus correctivo.

Tras la intervención judicial, el imputado fue trasladado a la sede de la Policía Federal en Resistencia, donde mejoraron sus condiciones de detención. Finalmente, el viernes fue escoltado hasta su domicilio para comenzar a cumplir con el arresto domiciliario.

La familia del imputado denunció que aún no recibió copia oficial de la resolución judicial, lo que genera incertidumbre sobre el cumplimiento efectivo de las medidas impuestas.