Por el caso de los médicos agredidos en Taco Pozo, la Justicia admitió un hábeas corpus colectivo contra el excomisario Daniel Melchiori, sin embargo no está ni preso, ni procesado.

La Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña admitió un hábeas corpus colectivo presentado por la Fundación Todo por Todos en favor de médicos cordobeses que fueron víctimas de un violento episodio en la comisaría de Taco Pozo. El recurso, patrocinado por las abogadas Adriana y Fiorella De Langhe, apunta contra el excomisario Daniel Augusto Melchiori, acusado de abuso de autoridad y violencia contra profesionales de la salud que realizaban tareas comunitarias.

El juez Rodolfo Lineras declaró admisible el amparo y ordenó una serie de medidas urgentes: informes a las Fiscalías, Juzgados Correccionales, Juzgado de Paz de Taco Pozo, al Órgano de Control Institucional (OCI) y al jefe de Policía del Chaco, Fernando Romero, sobre denuncias previas o actuales contra Melchiori y el personal policial involucrado. Además, se requirió copia certificada del libro de guardia del día de los hechos (17 de agosto), antecedentes psicofísicos de los implicados y registro de vehículos oficiales asignados.

En su resolución, Lineras prohibió que Melchiori continúe en funciones en Taco Pozo, le impuso restricciones de contacto con médicos y testigos, y dispuso que la investigación avance con carácter de urgencia.

Comunicado de la Fundación Todo por Todos

La organización emitió un mensaje de agradecimiento y de advertencia sobre la gravedad de lo sucedido:

“Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todas las personas, instituciones, autoridades y medios que ayudaron a visibilizar lo sucedido. La impotencia permanece, pero se alivia al sabernos acompañados.

La médica detenida, el voluntario agredido y todo el equipo de Todo por Todos ya se encuentran de regreso en sus respectivos hogares.

Lo que más nos indigna es saber que no se trata de un hecho aislado: en la localidad y en la zona estas situaciones de abuso de poder se repiten a diario, y lamentablemente no fuimos los primeros en padecerlas.

Agradecemos la rápida respuesta de las autoridades locales, de las provincias de Chaco y Córdoba, la solidaridad de todos los que hicieron eco, y muy especialmente a los vecinos de la localidad que nos brindaron su apoyo en medio de la situación.

Este episodio reafirma nuestro compromiso con la dignidad, la solidaridad y la atención humanitaria. Seguiremos acompañando a las comunidades a las que nadie llega con la convicción de que juntos podemos construir un futuro más justo y seguro”.

“El comisario Melchiori continúa en libertad y aún no ha sido procesado”

En un segundo comunicado, la entidad destacó la importancia del fallo judicial pero remarcó que el proceso recién comienza:

“Queremos informar que el juez admitió nuestro hábeas corpus colectivo, preventivo y reparador, reconociendo la gravedad de los hechos y la amenaza a nuestra libertad y seguridad.

Dispuso una serie de medidas urgentes: pedidos de informes a las Fiscalías, la Jefatura de Policía y la comisaría de Taco Pozo; presentación de pruebas y testigos; e intervención de organismos provinciales y de derechos humanos. Asimismo, ordenó que en un plazo de 24 horas se presenten los registros de denuncias y sumarios, el libro de guardia del 17/08, la aptitud psicofísica del comisario Daniel Melchiori, los vehículos asignados y la constancia de la detención de la Dra. García Nebbia. Como medida de protección inmediata, prohibió que Melchiori continúe en funciones en Taco Pozo y le impuso restricción de contacto con médicos y testigos.

Si bien esta resolución constituye un avance significativo, es necesario subrayar que el comisario Melchiori continúa en libertad y aún no ha sido procesado. La investigación recién comienza, y hasta la próxima audiencia dependeremos del cumplimiento efectivo de estas medidas.

Resulta indispensable, además, garantizar que nunca más vuelva a ocupar un cargo en la fuerza, a fin de impedir que su accionar se replique y que nuevas víctimas deban atravesar situaciones de violencia de esta naturaleza.

Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia y la defensa de los derechos humanos. Continuaremos acompañando a las comunidades más vulnerables, convencidos de que solo juntos podremos construir un futuro más justo y seguro”, finaliza el documento compartido en sus redes sociales.

De esta manera, el caso no solo expone un grave episodio de violencia institucional en Taco Pozo, sino que también abre un proceso judicial que podría marcar un precedente en la provincia del Chaco frente a denuncias de abuso de autoridad policial.