El exjefe de la Comisaría de Taco Pozo, Augusto Daniel Melchiori, denunció al juez Rodolfo Gustavo Lineras, titular de la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña, por presunto abuso de autoridad, mal desempeño y violación de garantías constitucionales.
La denuncia se origina en la causa “Asociación Civil Todo por Todos s/ Habeas Corpus Colectivo, Preventivo y Reparador”, donde el magistrado impuso a Melchiori una prohibición de acercamiento de 500 metros a varias personas, entre ellas la Jueza de Paz de Taco Pozo y dos abogadas, con una vigencia de seis meses.
Según el oficial, la medida resulta desproporcionada e imposible de cumplir, ya que le impide realizar tareas básicas como compras, atención médica o trasladar a su hija a la escuela. “Es una medida coercitiva que me obliga a permanecer encerrado en mi domicilio”, sostuvo.
Melchiori también cuestionó la parcialidad del juez, a quien vinculó políticamente con el peronismo, recordando que su hermano fue ministro de Educación durante la gestión de Jorge Capitanich. Además, señaló que una de las abogadas involucradas, Adriana De Langhe, mantiene relaciones de amistad con Lineras y con el intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez.
En la denuncia, Melchiori sostiene que el juez Lineras ordenó que la Policía le retenga su arma reglamentaria, una pistola marca Tanfoglio 9 mm, serie AB-44446, sin que existiera motivo justificado.
El oficial asegura que esta decisión lo deja indefenso frente a posibles ataques en una zona “caliente” de narcotráfico y contrabando, y responsabiliza al magistrado por cualquier atentado contra él o su familia.
También, en la denuncia, Melchiori menciona un episodio con una médica durante un procedimiento en Taco Pozo (el conocido “caso de los médicos”).
Según lo que declaró, la profesional lo insultó a viva voz gritándole “maricón”, término que él interpreta como un ataque directo a la orientación sexual de una persona.
Melchiori resalta que ese insulto constituye un acto de discriminación, contrario a los avances en materia de derechos y a lo establecido por la Ley N° 3517-A, que en Chaco protege contra actos de odio, racismo, xenofobia y discriminación.
El exjefe policial defendió su trayectoria en la fuerza, destacando su participación en operativos antidrogas, contra el contrabando y el crimen organizado, y advirtió que la prohibición de portar su arma reglamentaria lo deja expuesto en una zona fronteriza con fuerte actividad del narcotráfico.
¿Y las denuncias en su contra?
En su escrito, Melchiori reconoce que existen denuncias penales en su contra, pero aclara que:
Lo plantea como un contraste frente a quienes lo denuncian, sugiriendo que en su caso no hay causas judiciales firmes en su contra.
Finalmente, denunció que en el proceso de habeas corpus no se le permitió ejercer su defensa, lo que, según él, vulnera derechos constitucionales básicos. La presentación quedó a disposición de la Fiscalía 1 de Sáenz Peña, a cargo del doctor Luis César Collado.
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