Última actualización: 13:39
Estaba detenida desde octubre de 2024

Causa IAFEP: el STJ falló por la liberación de María Laura Moreno

Liberan a Moreno. La decisión fue adoptada por mayoría, con los votos de Víctor Emilio Del Río y de la presidenta del STJ, Emilia María Valle, quienes hicieron lugar al recurso de la defensa y ordenaron la inmediata libertad de la arquitecta.
Liberan a Moreno. La decisión fue adoptada por mayoría, con los votos de Víctor Emilio Del Río y de la presidenta del STJ, Emilia María Valle, quienes hicieron lugar al recurso de la defensa y ordenaron la inmediata libertad de la arquitecta.
Moreno había sido detenida el 2 de octubre de 2024 junto a Mauro Andión, quien sigue preso.
Moreno había sido detenida el 2 de octubre de 2024 junto a Mauro Andión, quien sigue preso.

El Superior Tribunal de Justicia del Chaco resolvió este miércoles liberar a la arquitecta María Laura Moreno, excoordinadora de Gestión Habitacional del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), quien permanece detenida desde ictubre de 2024 en el marco de una causa por presuntas irregularidades en la construcción de viviendas y galpones mediante convenios con cooperativas y organizaciones sociales.

Según la sentencia N.º 279, los jueces consideraron que no existen riesgos procesales que justifiquen su prisión preventiva, pese a la gravedad de los delitos imputados.

La decisión fue adoptada por mayoría, con los votos de Víctor Emilio Del Río y de la presidenta del STJ, Emilia María Valle, quienes hicieron lugar al recurso de la defensa y ordenaron la inmediata libertad de Moreno. En disidencia, la jueza Iride Isabel María Grillo sostuvo que debía mantenerse la prisión preventiva, al advertir que persisten los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Moreno, señalada como la mano derecha de Carlos Mauricio Andión, continuará procesada y deberá enfrentar el juicio oral, donde se definirá su responsabilidad en 44 hechos de fraude y violación de deberes de funcionario público.

El fallo generó fuerte repercusión, ya que el propio tribunal reconoció que los delitos investigados afectan recursos destinados a viviendas sociales. Sin embargo, entendió que mantener la prisión preventiva resultaba una medida desproporcionada en este momento del proceso.

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