La fiscal de Derechos Humanos Silvia Slusar encendió las alarmas al solicitar que efectivos de la Policía Federal custodien la indagatoria de este jueves al comisario Daniel Melchiori, acusado de apremios ilegales, privación de la libertad y lesiones en Taco Pozo.

El pedido sorprendió. La audiencia está prevista para este jueves a las 8 en la oficina de la fiscal Slusar, donde al menos dos agentes federales estarán presentes, desplazando de la escena a la Policía del Chaco, fuerza a la que pertenece el imputado.

La decisión despierta interrogantes: ¿se busca evitar tensiones con sus camaradas chaqueños o hay un riesgo de seguridad adicional? Nadie lo confirma, pero la custodia federal es leída, a la vez, como un gesto de cautela y como un mensaje político.

La denuncia de los médicos solidarios
El caso se originó a partir de la denuncia de la fundación cordobesa Todo por Todos. Los médicos voluntarios acusaron a Melchiori de apremios ilegales y agresiones contra una médica y un chofer, durante una visita solidaria a Taco Pozo a mediados de agosto.

Antes de la indagatoria, el juez Rodolfo Lineras resolvió un hábeas corpus colectivo presentado por los profesionales de la salud: dictó una prohibición que impide al comisario desempeñarse en tres departamentos del norte chaqueño mientras avance la investigación.

De confirmarse los cargos en un eventual juicio oral, Melchiori podría enfrentar penas de hasta seis años de prisión. Por lo pronto, la presencia de la Policía Federal en Sáenz Peña marca un hecho inusual y expone la tensión subyacente entre la justicia, la sociedad civil y la fuerza de seguridad provincial.

En el Chaco, el debate sobre los límites del poder policial vuelve a quedar en el centro de la escena.