A casi un mes de haber sido declarada culpable por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la dirigente social Marcela Acuña dejará de contar con los beneficios especiales que mantuvo durante el juicio. La jueza técnica de la Cámara del Crimen 2, Dolly Fernández, dispuso que la acusada pase a cumplir un régimen de detención común, equiparándola al resto de las reclusas. La decisión deja sin efecto todas las excepciones aplicadas durante el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.
La medida fue comunicada junto a una carta manuscrita enviada por Acuña desde la unidad penitenciaria, en la que la dirigente cuestionó la condena dictada por el jurado y reiteró su postura frente al proceso judicial. En la nota, Acuña sostuvo que tanto ella como su familia fueron víctimas de “una sentencia política y mediática” y aseguró que “jamás” participó del crimen. Además, insistió en la inocencia de su esposo, Emerenciano Sena, al afirmar que “no existe prueba real” que lo vincule con el hecho.
“Pido que se revisen las pruebas con objetividad y sin presiones externas”, escribió. También manifestó preocupación por su futuro tratamiento en prisión: “Solo quiero que se respeten mis derechos básicos y que no se utilice esta causa para castigarme más allá de lo que la ley establece”.
La decisión de Fernández implica la eliminación de privilegios como la permanencia de Acuña en un pabellón con actividades diferenciadas, un esquema que —según la magistrada— no corresponde a una persona ya declarada culpable. La jueza instruyó al Servicio Penitenciario Provincial (SPP) a garantizar condiciones de seguridad y trato digno, pero aclaró que el habeas corpus correctivo vigente “asegura condiciones humanas de detención, no prerrogativas especiales”.
Acuña fue considerada partícipe necesaria del asesinato de Strzyzowski, cometido en junio de 2023. El jurado popular determinó que el autor material fue César Sena, quien habría matado a la joven en la vivienda familiar y ocultado el cuerpo. También fueron hallados culpables Emerenciano Sena, y por encubrimiento, Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo.
Si bien las responsabilidades penales ya fueron establecidas, aún resta conocer las penas definitivas. La jueza Fernández tiene un plazo de quince días hábiles para dictar sentencia, pero la feria judicial que comienza el 24 de diciembre podría trasladar la resolución a 2026. “Quisiera que sea este año”, expresó la magistrada, aunque admitió que la suspensión de términos podría postergar el fallo.
Durante la última audiencia, los imputados solicitaron no ser trasladados fuera de Resistencia. César Sena pidió permanecer en su actual centro por motivos familiares, mientras que Emerenciano advirtió que un traslado sería “una pena de muerte”. Acuña volvió a denunciar irregularidades y sostuvo que las pruebas fueron “mal valoradas”.
La sentencia final determinará cuántos años deberán permanecer en prisión los involucrados en uno de los hechos de mayor impacto social y político de los últimos años en la provincia.
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