El Gobierno nacional anunció que subastará una Ferrari F430 modelo 2006 que fue incautada en una causa por narcotráfico y lavado de activos. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la noticia durante la conferencia de prensa realizada este miércoles en Casa Rosada, en el marco del segundo aniversario de gestión del presidente Javier Milei.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) será la encargada de llevar adelante el remate público, identificado como subasta N° 392-0108-SPU25, con un precio base de USD 182.277. El vehículo, un superdeportivo rojo con apenas 16.855 kilómetros, se encuentra publicado en la plataforma oficial del organismo.

La Ferrari forma parte de un lote de bienes decomisados por la Justicia federal en causas de crimen organizado y lavado de dinero. Su subasta se realizará de manera virtual el 3 de febrero de 2026 a las 14, y la inscripción para participar estará habilitada hasta el 27 de enero a través del portal ComprAr, dentro del módulo de subastas públicas. Los interesados deberán cumplir los requisitos establecidos en las bases y condiciones, y podrán ver el vehículo en días y horarios asignados.

“Nada de lo que deba estar en manos del privado permanecerá en manos del Estado”, sostuvo Adorni al anunciar la operación. Además, destacó que la política de subastas transparentes permitió alcanzar ventas acumuladas por más de USD 321 millones, entre inmuebles y bienes muebles incautados o en desuso.

El Gobierno enmarca este proceso dentro de su plan de “desinversión de activos improductivos” y de reducción del patrimonio estatal. Los fondos obtenidos por estas ventas ingresan al Tesoro Nacional, según lo establecido en el decreto 575/2025.

Junto con la Ferrari, AABE subastará también cuatro propiedades ubicadas en La Plata, la Ciudad de Buenos Aires y Pinamar, todas dentro de una misma jornada de remates.

La Ferrari F430 —uno de los íconos deportivos de la marca italiana— es uno de los bienes más llamativos que pasan a subasta pública en los últimos años, en el marco de causas donde la Justicia ordena el desapoderamiento de bienes adquiridos con dinero del narcotráfico o de actividades ilícitas.