La resolución del juez Civil y Comercial N°21 de Resistencia, Julián Benito Flores, que hizo lugar al amparo presentado por la Fundación Valdocco, reabrió la unidad educativa destinada a niños y adolescentes wichíes y volvió a poner en el centro del debate una tensión profunda en el Chaco: el choque entre la protección de derechos de la niñez y la decisión política del Gobierno provincial de confrontar el fallo judicial.

El magistrado fue categórico en su sentencia. Sostuvo que convalidar el cierre de la institución habría significado “institucionalizar el abandono”, al afectar de manera directa a una comunidad educativa integrada en su totalidad por niños y jóvenes pertenecientes a pueblos originarios. Además, remarcó que el Estado no puede adoptar decisiones administrativas que impacten sobre comunidades indígenas sin cumplir con el deber de consulta previa, tal como establecen la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

La decisión judicial fue recibida con alivio y satisfacción por parte de los chicos y sus familias, que tras semanas de incertidumbre volvieron a las aulas. Para ellos, el fallo no representó un debate jurídico ni presupuestario, sino algo mucho más simple y esencial: el derecho a estudiar, a tener un espacio de contención y a no ser nuevamente excluidos.

Sin embargo, la respuesta del Poder Ejecutivo provincial fue inmediata y dura. El gobernador Leandro Zdero rechazó públicamente la resolución judicial, anunció que apelará el fallo y sostuvo que la Fundación Valdocco está bajo investigación por presuntas irregularidades vinculadas a docentes que, según la versión oficial, cobraban salarios sin prestar funciones en la provincia. Desde el Ministerio de Educación indicaron además que el pago de esos sueldos implicaría una erogación mensual superior a los 120 millones de pesos.

“Está mal cobrar un sueldo, no estar en la institución y vivir en otro lugar que no sea la provincia”, afirmó Zdero, endureciendo una postura que, para diversos sectores sociales y de derechos humanos, desplaza el foco del problema y transforma una discusión sobre derechos de la niñez en una disputa política y discursiva.

Mientras el Gobierno insiste en remarcar supuestas irregularidades administrativas y en cuestionar la legitimidad de la fundación, el fallo judicial puso el acento en otro aspecto: el impacto real y concreto que el cierre tuvo sobre los chicos, quienes quedaron sin clases, sin contención y sin respuestas. Para el juez Flores, derivar el conflicto a trámites administrativos hubiera provocado un daño “grave e irreparable”.

La controversia expone dos miradas opuestas. Por un lado, una Justicia que prioriza el interés superior del niño y el derecho a la educación de comunidades históricamente postergadas. Por el otro, un Gobierno que politiza el conflicto, anuncia apelaciones y sostiene un discurso inflexible, incluso frente a la evidencia de que los principales beneficiados por el fallo son los niños wichíes.

En medio de declaraciones cruzadas, apelaciones y acusaciones, una escena resume el trasfondo del conflicto: los chicos volvieron a la escuela y están felices. La pregunta que queda abierta es si, en esta disputa, el poder político está dispuesto a escuchar esa realidad o si continuará librando una batalla que parece tener más de estrategia política que de protección efectiva de derechos

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Chaco Ahora

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