La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó el rechazo del hábeas corpus presentado por Franco Ramírez, uno de los policías del Chaco imputados por intentar sustraer nueve kilos de cocaína durante una quema judicial de estupefacientes realizada en Colonia Benítez. De esta manera, el efectivo continuará detenido en la localidad formoseña de Las Lomitas, bajo custodia de Gendarmería Nacional.

La resolución confirmó lo dispuesto previamente por el Juzgado Federal N°2 de Resistencia, que había desestimado de manera inmediata la acción al considerar que no existió un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención que habilite la vía excepcional del hábeas corpus.

Los argumentos de la defensa

Ramírez fue trasladado al Escuadrón 18 de Gendarmería Nacional, a más de 400 kilómetros de Resistencia, situación que motivó la presentación judicial. La defensa sostuvo que el alojamiento fuera de la provincia afectaba su derecho de defensa, ya que sus abogados ejercen en la capital chaqueña, y dificultaba el contacto con su familia.

Entre los argumentos expuestos, el imputado señaló que su esposa cursa un embarazo de 14 semanas, y que la distancia vulnera su derecho a permanecer cerca de su núcleo familiar. Además, denunció que durante los primeros días de alojamiento habría estado incomunicado, sin acceso a elementos básicos de higiene, vestimenta ni ropa de cama.

El fallo de la Cámara

Pese a estos planteos, la Cámara Federal —con los votos de los jueces Rocío Alcalá y Enrique Bosch— entendió que las quejas formuladas pueden ser canalizadas por las vías judiciales ordinarias, y que no se verificó un trato arbitrario o ilegal que justifique la procedencia del hábeas corpus.

El tribunal recordó además que durante la audiencia de formalización de la imputación, la jueza de Garantías Zunilda Niremperger dictó la prisión preventiva y dispuso que, al momento de gestionar futuros cupos de alojamiento, se tenga en cuenta la cercanía familiar, con el objetivo de preservar el contacto del detenido con sus allegados.

Asimismo, el fallo remarcó que las decisiones vinculadas al lugar de detención deben ser resueltas por la magistrada que tiene a su cargo la causa principal, para evitar una indebida intromisión de otros tribunales.

Prisión preventiva para los siete policías

Cabe recordar que la jueza Niremperger dictó la prisión preventiva para los siete policías del Chaco imputados en la causa, tras una audiencia que se realizó el domingo pasado vía Zoom y se extendió por más de seis horas.

Durante la audiencia declararon cinco imputados: el comisario César Alegre, el oficial principal Lucas Exequiel Martínez, el sargento Gustavo Jesús Acosta, el cabo Néstor Ariel Urne Canteros y el cabo primero Juan Nicolás Almirón Núñez, todos integrantes de la Dirección General de Consumos Problemáticos, ex Drogas Peligrosas. En tanto, Franco Ramírez y el cabo Gustavo Andrés Quizama optaron por guardar silencio.

Todos negaron los hechos, aunque una de las explicaciones generó especial atención: la del cabo Urne Canteros, a quien se le halló durante la quema judicial una piedra de yeso empaquetada, similar a un ladrillo de cocaína. La Fiscalía sospecha que el elemento iba a ser utilizado para camuflar la droga sustraída, mientras que el imputado aseguró que lo llevaba para afilar herramientas de barbería, actividad que dijo ejercer en paralelo a su función policial.

Los delitos imputados

Los siete efectivos quedaron imputados por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por el número de partícipes y por tratarse de funcionarios públicos encargados de perseguir estos delitos, además de peculado, todo en concurso real.

La acusación está a cargo del fiscal federal Patricio Sabadini, titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Resistencia, junto a la fiscal interina Ruth Hilgenberg.

La mayoría de los detenidos permanece alojada bajo custodia de la Prefectura Naval Argentina en Barranqueras, mientras que Ramírez y Quizama continúan detenidos en dependencias de Gendarmería Nacional, en Formosa y Las Lomitas.

Un hecho que sacude a la fuerza

La maniobra fue descubierta durante una quema judicial de tres toneladas de marihuana y unos 80 kilos de cocaína, realizada en el Polígono Policial de Colonia Benítez. Funcionarios judiciales advirtieron irregularidades al detectar que se estaba incinerando menos droga de la consignada oficialmente.

Según la investigación, los policías intentaron sustraer parte de la cocaína ocultándola en mochilas y en la caja de un patrullero. Se estima que el botín alcanzaba los 9 kilos de cocaína, valuados en alrededor de 225 millones de pesos.

El escándalo se agravó debido a que en el operativo estaban presentes el ministro de Seguridad Hugo Matkovich, el jefe de la Policía del Chaco Fernando Romero, el juez Ricardo Mianovich y medios de comunicación que registraban el procedimiento. De no haber sido por la intervención de los secretarios del Juzgado Federal 2, el robo se habría consumado.

En paralelo a la causa penal, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Policía del Chaco inició un sumario administrativo y dispuso la suspensión sin goce de haberes de los siete efectivos. Además, se ordenaron cambios en la Dirección de Investigaciones, en medio de una profunda crisis institucional que impacta de lleno en la credibilidad de la fuerza.

Con información de Revista Litigio