Trabajadores nucleados en la Cooperativa de Trabajo de Motomandados denunciaron este domingo una serie de operativos “sorpresa” realizados por el Municipio de Resistencia, en los que se secuestraron motos y se aplicaron multas por falta de casco, pese a que esos elementos de seguridad habían sido prometidos por la comuna en el marco de un programa de asistencia que se demoró durante meses.

Según explicaron desde la cooperativa, los controles se intensificaron durante la última semana y derivaron en sanciones para varios trabajadores que no contaban con casco al momento de circular. El conflicto, aseguran, radica en que los cascos debían ser entregados previamente por el Municipio como parte de una política de seguridad vial, pero llegaron recién después de los operativos.

“La falta de coordinación es total. Primero sancionan y después entregan los elementos de seguridad”, señalaron desde el sector, que considera que la situación podría haberse evitado con una entrega preventiva y una planificación adecuada.

Un fuerte impacto social y económico

Desde la cooperativa estiman que al menos 70 familias se vieron directamente afectadas, ya que el secuestro de las motos implicó la pérdida inmediata del ingreso diario. “Para un motomandado, la moto no es un lujo: es su herramienta de trabajo. Sin ella, se queda sin empleo”, remarcaron.

En un contexto de crisis económica, los trabajadores advirtieron que las multas y los costos para recuperar los vehículos profundizan la precariedad del sector. Además, cuestionaron lo que califican como una “lógica recaudatoria”, donde el foco está puesto en la sanción y no en la prevención ni en el cuidado real de la seguridad vial.

Pedido de diálogo y políticas integrales

El presidente de la Cooperativa de Motomandados, Fabio Zerpa, solicitó formalmente la conformación de una mesa técnica con el Municipio de Resistencia. “Pedimos que se convoque a todas las partes: trabajadores, autoridades, fuerzas de control y especialistas, para construir una verdadera política de seguridad vial que no castigue al trabajador”, expresó.

Desde el sector insistieron en que no se oponen a los controles ni a las normas de tránsito, pero reclaman que las políticas públicas sean integrales, coordinadas y preventivas, y no acciones aisladas que terminan perjudicando a quienes viven de su trabajo diario.

Finalmente, advirtieron que este tipo de medidas punitivas, sin acompañamiento ni planificación, solo agravan la vulnerabilidad de un sector que circula por la ciudad en condiciones de alta exposición y precariedad laboral.