Dos procedimientos recientes realizados por fuerzas policiales en Sáenz Peña y Villa Berthet volvieron a poner en agenda una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿por qué cada vez más vecinos, muchos de ellos sin antecedentes, terminan cultivando marihuana en sus propias casas?
Esta semana, efectivos de la División Drogas Interior detectaron una plantación de 39 plantas de marihuana en el barrio Asentamiento de Presidencia Roque Sáenz Peña, tras una denuncia anónima. El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en calle 16, entre 65 y 67, donde los agentes fueron atendidos por un hombre de 38 años.
Según consta en el acta policial, el propietario manifestó desconocer cómo crecieron las plantas, aunque reconoció que algunas se encontraban dentro de la vivienda. Tras constatar que se trataba de cannabis sativa, se procedió al secuestro de los ejemplares, de distintos tamaños y alturas.
Por disposición de la Fiscalía Antidrogas de Sáenz Peña, a cargo de la doctora Laura Soledad Borelli, el hombre fue notificado en libertad por una supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, en concordancia con la Ley Provincial N.º 2304-N.
Un caso similar se registró en Villa Berthet, donde personal de la Comisaría local secuestró 13 plantas de marihuana en el barrio Sagrado Corazón, también tras denuncias vecinales por el fuerte olor que emanaba del patio de una vivienda.
En este segundo procedimiento, una mujer de 56 años reconoció ser la propietaria del inmueble y entregó voluntariamente las plantas, asegurando que le habían sido dadas años atrás como supuestas plantas medicinales, aunque afirmó no haberlas utilizado nunca.
La Fiscalía Antidrogas de Borelli también ordenó igualmente el secuestro del cultivo.
Los vecinos son los que denuncian
El accionar de los efectivos se originó a partir de llamados telefónicos de vecinos, quienes alertaron sobre la presencia de varias plantas de marihuana en el patio trasero de un domicilio, desde donde emanaba un fuerte olor.
Constituidos en el lugar, los efectivos se entrevistaron con la dueña de dicho inmueble, una mujer de 56 años, quien reconoció poseer las plantas en el fondo del terreno.
Ambos hechos, aunque distintos en magnitud, exponen una realidad que se repite en barrios populares y ciudades del interior chaqueño: personas comunes, sin perfiles ligados al narcotráfico, terminan involucradas en causas por cultivo de marihuana.
¿Por desconocimiento de la ley?
¿Por la creencia extendida de que el cannabis medicinal es legal en cualquier contexto?
¿Por una salida económica ante la falta de trabajo formal?
¿O por una ausencia del Estado que no informa, no regula y solo aparece cuando interviene la Policía?
Mientras el debate nacional avanza —a medias— sobre el uso medicinal del cannabis y su regulación (hay una ley 27.350 -sancionada hace 8 años en la República Argentina- de investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis -Ley 27.350, 2017- y sus derivados, y a 3 años de la Ley 27.669 que estableció el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial -Ley 27.669, 2022-, sin embargo el país atraviesa una situación normativa, institucional y operativa en materia de cannabis medicinal, terapéutico e industrial incierta), en el territorio chaqueño la frontera entre lo legal, lo medicinal y lo delictivo sigue siendo difusa, especialmente para los sectores más vulnerables.
Lo cierto es que, una vez más, el resultado es el mismo: plantas secuestradas, vecinos judicializados y barrios estigmatizados, sin que se discutan a fondo las causas sociales, económicas y culturales que llevan a que cada vez más personas planten marihuana en el fondo de sus casas.
MÁS NOTICIAS
