La recomendación del Procurador General Jorge Canteros de anular el fallo que ordenaba restablecer la cláusula gatillo docente vuelve a dejar a los maestros del Chaco en el centro del ajuste. El Gobierno de Leandro Zdero, que en julio de 2025 eliminó la actualización automática por inflación, encuentra ahora respaldo institucional para consolidar una decisión política que impacta de lleno en los salarios más castigados del Estado.
En un dictamen que marca un giro clave en el conflicto salarial docente, el Procurador General del Chaco, Jorge Canteros, aconsejó al Superior Tribunal de Justicia hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno provincial y anular la sentencia que ordenaba restablecer la cláusula gatillo.
El jefe de los fiscales sostuvo que el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo fue arbitrario, al no analizar la Ley N.º 724-A, que establece que las escalas salariales del sector público deben fijarse obligatoriamente por ley formal sancionada por la Legislatura. Bajo ese argumento, Canteros concluyó que el Poder Judicial no puede ordenar mecanismos de actualización salarial sin un respaldo legislativo explícito.
La recomendación —fechada el 23 de diciembre pero conocida en las últimas horas y publucada por Litigio— ahora queda en manos del Superior Tribunal, que deberá definir si convalida el planteo del Ejecutivo y deja sin efecto una de las pocas decisiones judiciales favorables a los docentes en medio de la crisis inflacionaria.
El conflicto no nació en los tribunales. Comenzó en julio de 2025, cuando el gobernador Leandro Zdero decidió quitar la cláusula gatillo, un mecanismo que permitía actualizar los salarios docentes de acuerdo a la inflación y que se aplicaba de manera sostenida desde 2019.
Esa eliminación, que significó en los hechos una licuación directa del salario, fue judicializada por la Federación SITECH mediante una acción de amparo. La Cámara laboral había dado la razón a los gremios, al considerar que la cláusula se había integrado estructuralmente al régimen docente y había generado una expectativa legítima de continuidad.
Pero el dictamen del Procurador General pone el foco en otro lado: la forma legal, no el impacto social. Para Canteros, la Cámara avanzó sobre atribuciones del Poder Legislativo, al ordenar una actualización salarial sin declarar la inconstitucionalidad de la ley vigente.
El argumento puede ser técnicamente prolijo, pero es políticamente elocuente. Mientras se discute si la cláusula gatillo estaba o no escrita en una ley, los docentes perdieron poder adquisitivo mes tras mes, en una provincia donde el salario inicial sigue entre los más bajos del país.
La pregunta de fondo no es solo jurídica:
👉 ¿Puede el Estado pagar durante años un derecho, reconocerlo en paritarias y luego borrarlo de un plumazo alegando un tecnicismo legal?
👉 ¿Deben los trabajadores pagar los errores —o las omisiones— del propio Estado?
Como señalaron docentes y ciudadanos en redes sociales, si la cláusula gatillo no fue incorporada a una ley, la responsabilidad es institucional, no del trabajador. El Estado no puede beneficiarse de sus propias falencias para ajustar siempre sobre los mismos.
En paralelo, el oficialismo cerró filas. El jefe del interbloque Chaco Puede, Iván Gyoker, calificó como “demagógicas” las iniciativas legislativas que buscan garantizar aumentos salariales docentes por ley.
“El Presupuesto vigente ya prevé una pauta salarial. Prometer aumentos sin explicar de dónde sale la plata es usar políticamente los temas más sensibles de la gente”, sostuvo el diputado, hoy llamativamente ausente de las redes sociales en 2026.
El mensaje es claro: responsabilidad fiscal como bandera, aun cuando esa bandera implique salarios por debajo de la inflación. Pero en ese razonamiento hay una omisión constante: el ajuste siempre baja hacia los mismos sectores, mientras otras partidas —pautas oficiales, gastos políticos, prioridades discrecionales— rara vez entran en discusión pública.
En esta trama hay ganadores y perdedores.
Del lado del poder político y judicial, argumentos, dictámenes y tecnicismos.
Del lado docente, salarios erosionados, paritarias ausentes y diálogo cerrado.
La cláusula gatillo no fue un regalo. Fue una herramienta para no empobrecerse trabajando. Su eliminación y el intento de blindarla jurídicamente dejan una definición cada vez más nítida: hay decisiones que no son neutrales, y hay funcionarios que eligen claramente de qué lado pararse.
Y hoy, para miles de docentes chaqueños, ese lado no es el suyo.
💬 Lo que dice la gente en las redes
“Quitar la cláusula gatillo es un retroceso de derechos”, “los errores del Estado no los paga el docente”, “con la inflación que hay, no aumentar el sueldo es ajustar”, “prometieron diálogo y nunca llamaron a paritarias”.
El malestar se multiplica en redes sociales, donde docentes y ciudadanos cuestionan al Gobierno por priorizar tecnicismos legales mientras el salario pierde poder adquisitivo todos los meses.
💬 Lo que le dicen a Zdero en sus propias redes
“18 mil pesos el kilo de carne y no hay aumento de sueldo”, “cumpla lo que prometió en campaña”, “los docentes somos los peores pagos”, “¿cuándo va a dialogar con los maestros?”, “dejé de gastar en pautas y fiestas y pague salarios”.
En los comentarios, el reclamo es directo y sin intermediarios: la inflación avanza, los sueldos no y el ajuste vuelve a caer sobre los docentes.
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