Una denuncia anónima a la Línea 145 disparó una de las investigaciones más sensibles de los últimos tiempos en el Gran Resistencia. Raúl “Tiso” Talavera, un conocido dirigente social con fuerte presencia en las calles, pasó de ser un "referente de derechos" a estar en la mira de la Justicia Federal por un presunto caso de trata de personas con fines de explotación laboral.
Según la instrucción del fiscal Sabadini, la historia comenzó hace cuatro años. Talavera y su pareja, Andrea Eugenia Leyes, habrían abordado a una mujer de 36 años con retraso madurativo que dormía en la plaza central de la ciudad. Bajo la promesa de brindarle un techo y ayuda, la trasladaron a su domicilio en la avenida Nicaragua al 1300.
Sin embargo, lo que parecía un gesto humanitario se transformó en un calvario. La fiscalía sostiene que la mujer fue sometida a un régimen de servidumbre doméstica: debía cocinar, limpiar y lavar para toda la familia sin recibir un solo peso a cambio.
La prueba documental más contundente presentada por el Ministerio Público Fiscal radica en los movimientos bancarios. El peritaje reveló que, entre enero y noviembre de 2025, se transfirieron $1.023.521,98 desde la cuenta de la víctima hacia la de Andrea Leyes.
“No existe explicación lógica que permita justificar por qué una persona que trabajaba realizando tareas domésticas debería transferir dinero a sus supuestos empleadores, en vez de recibir un pago”, sentenció el fiscal Sabadini en su requerimiento.
Además del robo de sus haberes, se detectó que los acusados habrían gestionado préstamos bancarios a nombre de la mujer sin su consentimiento, aprovechándose de su vulnerabilidad mental.
El quiebre de la situación ocurrió en septiembre de 2025. Según el relato de la víctima, la pareja le informó que la llevarían a un campo para convivir con un desconocido a cambio de un pago que recibiría el propio Talavera. Ante el temor de ser entregada, la mujer logró escapar de la vivienda, dejando todas sus pertenencias atrás, y radicó la denuncia que hoy pone a los dirigentes a un paso de la cárcel.
A pesar de que Talavera negó los cargos en medios públicos alegando que la mujer "vivía con ellos por voluntad propia", la fiscalía ha solicitado a la jueza federal Zunilda Niremperger la detención inmediata de la pareja y el allanamiento de su vivienda para recuperar documentación y tarjetas de cobro que aún estarían en poder de los acusados.
La causa ha generado un fuerte sismo político en los movimientos sociales de la provincia, poniendo bajo la lupa el manejo de los referentes sobre personas en situación de extrema vulnerabilidad.
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