Mientras el debate se traslada al recinto del Congreso de la Nación Argentina, crece la preocupación de científicos, ambientalistas y comunidades cordilleranas por el impacto que tendría la reforma de la Ley de Glaciares. La modificación impulsada por el Gobierno nacional propone flexibilizar la protección de zonas periglaciares y delegar en las provincias la definición de qué áreas resguardar y cuáles habilitar para actividades productivas.
La norma vigente, sancionada en 2010, establece presupuestos mínimos de protección ambiental y prohíbe la minería, el petróleo y otras intervenciones que puedan dañar estas reservas naturales de agua dulce. Su espíritu es claro: los glaciares son estratégicos para el abastecimiento humano, el riego, la generación de energía y el equilibrio de ecosistemas completos.
Con la reforma, ese “piso común” podría diluirse.
Especialistas advierten que permitir actividades extractivas en ambientes periglaciares implica riesgos concretos de contaminación con sustancias químicas, metales pesados y afectación de cuencas hídricas. A diferencia de otros daños ambientales, la degradación de un glaciar es prácticamente irreversible: su recuperación puede tardar siglos o no producirse nunca.
Desde organizaciones como Greenpeace sostienen que el proyecto abre la puerta al avance de la megaminería y los hidrocarburos en zonas que hoy funcionan como reservas estratégicas de agua dulce. También cuestionan que una decisión de tal magnitud se trate con escaso debate público y en sesiones extraordinarias.
Otro punto sensible es la transferencia de facultades a las provincias. Según advierten juristas y técnicos, esa descentralización podría generar una competencia por atraer inversiones reduciendo controles ambientales, lo que pondría en riesgo estándares básicos de protección.
El impacto no sería solo ecológico. Menos agua disponible afectaría a poblaciones enteras, a la producción agrícola y a actividades económicas que dependen del recurso hídrico. Además, podría profundizar conflictos sociales en territorios donde ya existen tensiones entre comunidades y empresas extractivas.
En este escenario, el Senado define mucho más que una reforma legal. Lo que está en discusión es el equilibrio entre desarrollo económico y preservación de recursos esenciales. Para los críticos del proyecto, la ecuación es clara: comprometer los glaciares es comprometer el agua, y sin agua no hay futuro posible.
Activistas de Greenpeace fueron detenidos tras realizar una acción directa sobre el ingreso principal del Congreso de la Nación. Los ambientalistas, sentados en inodoros, exhibieron el explícito mensaje “Senadores, no se c@gu*n en el agua”. Desde la organización argumentaron que se trató de una acción de resistencia pacífica cuyo objetivo es visibilizar la gravedad de la reforma a la Ley de Glaciares para la seguridad hídrica del país.
La intervención fue simbólica y no violenta, en el marco del debate legislativo que se desarrolla hoy en el Senado. Desde Greenpeace señalaron que la detención de manifestantes pacíficos en un contexto de discusión parlamentaria sobre el agua como derecho resulta preocupante desde el punto de vista democrático.
“Nuestra protesta fue pacífica y tuvo un objetivo claro: advertir que esta reforma debilita los presupuestos mínimos que durante más de quince años protegieron los glaciares como reservas estratégicas de agua en Argentina. Lo que hoy se discute en el Senado no es un detalle técnico, sino la posibilidad de reducir el estándar nacional que garantiza que estas fuentes de agua dulce no queden sujetas a decisiones discrecionales de las provincias. Eso implicará un retroceso en la seguridad hídrica del país y en la protección de un bien común esencial”, sostuvo Diego Salas, director de programas de Greenpeace.
Desde la organización explicaron que el proyecto en debate modifica el alcance de la protección sobre glaciares y ambiente periglacial, trasladando definiciones clave a las provincias y condicionando el resguardo de estos cuerpos de hielo a criterios de “función hídrica demostrable y relevante”. Según Greenpeace, esto introduce mayor discrecionalidad en decisiones que hoy están amparadas por un criterio científico uniforme a nivel nacional.
Asimismo, advirtieron que reducir el alcance de la ley en un contexto de crisis climática y retroceso glaciar incrementa la vulnerabilidad hídrica de amplias regiones del país, donde el deshielo cumple un rol central en la regulación de caudales y en el abastecimiento de agua para los ecosistemas, consumo humano y actividades productivas.
La organización reafirmó que la protección de los glaciares fue una conquista social sostenida durante años por miles de personas en defensa del agua como bien común, y sostuvo que cualquier modificación que implique retroceder en ese estándar debe ser evaluada con máxima responsabilidad institucional.
“La protección de los glaciares no es una consigna, es una decisión estratégica y una política de Estado sobre el agua que necesita la Argentina en las próximas décadas. Esperamos que el Congreso esté a la altura de esa responsabilidad histórica y no retroceda en un estándar que la propia sociedad ayudó a construir”, concluyó el vocero de la organización.
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