La Bolsa de Comercio del Chaco quedó bajo fuerte presión judicial luego de que la Justicia provincial ordenara un embargo preventivo por $1.890.691.105,07 a raíz de una demanda presentada por la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, que reclama el resguardo de fondos públicos invertidos en operaciones financieras consideradas de alto riesgo.
La medida fue dispuesta a través de la Resolución Nº 15, firmada por el juez Carlos Augusto De Cesare, con intervención de la secretaria Silvia Analía Vittar. En esta etapa preliminar, el magistrado entendió que existe “verosimilitud del derecho” en el planteo del Municipio y que, por tratarse de recursos estatales, correspondía adoptar una acción urgente para evitar un perjuicio mayor.
Si bien la decisión no constituye una sentencia definitiva, habilita el embargo como mecanismo de resguardo hasta que se resuelva el fondo del conflicto.
La comuna sostiene que el dinero público fue colocado en instrumentos financieros más riesgosos sin autorización formal.
Según la presentación judicial:
La cuenta tenía perfil “Inversor Conservador”.
No existía instrucción para operar en el segmento No Garantizado (NOGA) del Mercado Argentino de Valores.
El perfil habría sido modificado sin aval oficial.
Como consecuencia, el Municipio asegura que no pudo cobrar cheques de pago diferido adquiridos en ese segmento, lo que habría generado pérdidas millonarias.
Para conceder la cautelar, el juez evaluó tres puntos centrales:
✔ Verosimilitud del derecho (existencia inicial del reclamo).
✔ Peligro en la demora (riesgo de que el dinero no pueda recuperarse).
✔ Exención de contracautela por tratarse del Estado municipal.
Además, ordenó notificar a las entidades financieras a través del Banco Central de la República Argentina para inmovilizar fondos y transferirlos a una cuenta judicial.
Capital: $1.350.493.646,48
Intereses y costas: $540.197.458,59
Total embargado: $1.890.691.105,07
Se trata de una cifra de fuerte impacto para la operatoria de la institución bursátil chaqueña.
El expediente también pone bajo análisis varios puntos que deberán explicarse en sede judicial:
Posible contradicción entre perfil conservador y operatoria de alto riesgo.
Concentración del 60% de la cartera en un solo librador.
Evaluación de solvencia insuficiente.
Compra de cheques tras señales de cesación de pagos.
Deber agravado de cuidado por tratarse de fondos públicos.
El proceso buscará establecer si existió:
Una inversión fallida dentro del riesgo normal de mercado,
Una operatoria imprudente,
O una eventual administración negligente de recursos estatales.
Hasta que eso se determine, casi $1.900 millones permanecerán bajo control judicial, en un caso que podría sentar precedentes sobre la responsabilidad de las entidades financieras cuando administran dinero público.
La causa suma tensión institucional y mantiene bajo la lupa a la Bolsa chaqueña, en un contexto donde la transparencia en el manejo de fondos municipales se volvió eje central del debate político y judicial en la provincia.
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