El Congreso de la Nación Argentina aprobó la reforma del Régimen Penal Juvenil y estableció la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, una modificación histórica del sistema de responsabilidad penal adolescente que reabre el debate entre seguridad, derechos y recursos estatales.

La ley fue sancionada tras la votación favorable del Senado de la Nación Argentina, donde obtuvo 44 votos positivos, 27 negativos y una abstención. El proyecto había sido impulsado por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, quien celebró la aprobación como una herramienta para “terminar con la impunidad”.

¿Qué significa en la práctica?

Con la nueva normativa, los adolescentes de entre 14 y 18 años podrán ser juzgados penalmente por delitos. Hasta ahora, la edad mínima era 16.

El régimen crea un sistema especializado con:

Juzgados y fiscales específicos para menores.

Procesos diferenciados de los adultos.

Sanciones progresivas (tareas comunitarias, monitoreo electrónico, medidas educativas).

Privación de libertad solo para delitos graves y en establecimientos separados de mayores.

También incorpora garantías procesales, participación de la familia y medidas de reinserción social.

Es decir, no se trata solo de “cárcel para menores”, sino de un esquema mixto que combina castigo con resocialización. Sin embargo, habilita por primera vez la intervención penal formal desde los 14 años.

El argumento del oficialismo

Desde el Gobierno sostienen que muchos adolescentes comprenden plenamente la gravedad de sus actos y que el Estado necesitaba herramientas legales para actuar frente a delitos violentos cometidos por menores.

La postura apunta a reforzar la idea de responsabilidad penal temprana como forma de prevención y de respuesta a las víctimas.

Las críticas

El peronismo y organismos de derechos humanos cuestionaron la constitucionalidad de la baja de edad y advirtieron sobre un problema central: el financiamiento.

Según se planteó en el debate, los fondos previstos para las provincias serían insuficientes para construir centros especializados, capacitar personal y sostener equipos interdisciplinarios. Sin infraestructura ni presupuesto, sostienen, la ley podría quedar “en letra muerta” o terminar replicando lógicas del sistema penitenciario adulto.

También alertan que la evidencia internacional no demuestra que endurecer penas reduzca el delito juvenil.

Lo que viene

La norma aún debe ser reglamentada y publicada en el Boletín Oficial para entrar en vigencia. Allí se definirá cómo se implementará en cada provincia y qué recursos se asignarán.

Mientras tanto, la discusión de fondo sigue abierta: si la baja de imputabilidad será una herramienta efectiva contra el delito o si terminará generando mayor judicialización de adolescentes sin atacar las causas estructurales de la violencia.

📰 Fuente: Infobae