En un nuevo capítulo de la causa que conmocionó al país a finales del año pasado —conocida como la "Banda del Yeso"—, la defensa técnica de uno de los imputados ha puesto bajo la lupa el funcionamiento del sistema judicial federal en el Chaco.
Este martes, el abogado Miguel Ángel Barceló lanzó una pregunta que resuena con fuerza en los pasillos de la Sala de Revisión: "¿Y los detenidos?". El letrado apunta contra la aparente lentitud o "desconexión" en el flujo administrativo de los expedientes electrónicos, sugiriendo de forma irónica si la justicia chaqueña efectivamente cuenta con el software adecuado para llevar adelante el nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF).
El malestar de la defensa surge al observar la cronología de las resoluciones. Barceló instó a "mirar la fecha" de los últimos proveídos emitidos por la OFIJU (Oficina Judicial) y el Juez de Revisión.
Según los documentos que circularon recientemente:
El 20 de marzo de 2026, el Juez de Revisión, doctor Enrique Jorge Bosch, admitió una impugnación presentada por los doctores Miguel Barceló y Macarena Barceló Fogar.
El magistrado reconoció que el planteo podría tratarse de un supuesto de "revisión horizontal", ordenando a la OFIJU encauzar el trámite bajo el Artículo 360 del CPPF.
Ese mismo día, el coordinador de la Oficina Judicial, Gustavo Adrián Kapeica, procedió a remitir copias a las partes restantes (entre ellas al Fiscal Federal Patricio Sabadini) para dar cumplimiento al traslado de ley.
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El núcleo del conflicto no es meramente administrativo. La justicia se encamina a una instancia decisiva donde se vuelven a analizar las nulidades planteadas por la defensa. Si la Sala Única de Revisión Penal Federal de Resistencia detecta fallas en los procedimientos iniciales o en la cadena de custodia de la droga hallada en los cargamentos de yeso, la causa podría dar un giro de 180 grados.
Para Barceló, el tiempo que transcurre entre las decisiones del juez y su ejecución efectiva por parte de la OFIJU es crítico, especialmente cuando hay personas privadas de su libertad. La crítica al "Software" no es menor: pone en duda si el sistema de gestión judicial está a la altura de la inmediatez que exige el sistema acusatorio.
Cabe recordar que la causa FRE 10726/2025 (Incidente N° 11) involucra a una red donde miembros de fuerzas de seguridad habrían facilitado el tráfico de estupefacientes ocultos en paneles de yeso. Entre los principales imputados figura Néstor Ariel Urne Canteros, cuya situación procesal sigue siendo el eje del debate en esta etapa de impugnación.
Por ahora, la justicia federal de Resistencia deberá responder con celeridad a los traslados ordenados este 20 de marzo, mientras la defensa espera que la "revisión horizontal" abra la puerta a la libertad de sus asistidos o a la anulación de piezas clave del expediente.
Dato Clave: El Artículo 360 del CPPF establece un régimen estricto de impugnaciones que busca evitar que las causas se estanquen, algo que, según la defensa, no se estaría cumpliendo con la eficacia necesaria.
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