La investigación por la muerte de Fernanda Almada sumó en las últimas horas movimientos decisivos que podrían marcar el rumbo judicial del caso. Luego de la cremación del cuerpo realizada el martes 31 de marzo, tras la autopsia, la fiscalía concentra ahora toda la expectativa en el peritaje del celular de la adolescente, considerado una de las pruebas más sensibles para reconstruir sus últimas horas.
Fuentes vinculadas al expediente señalaron que el informe técnico sobre el teléfono —un Motorola con sistema Android— podría estar listo entre jueves y viernes de la próxima semana, mientras que el resultado final de la autopsia demandaría entre 10 y 15 días más. Ambos elementos serán centrales para confirmar o descartar la hipótesis principal: una presunta instigación al suicidio.
La causa está a cargo del fiscal Jorge Cáceres Olivera, con intervención del Juzgado de Transición y Garantías N°4, y en paralelo se analiza la posibilidad de secuestro y peritaje de otros celulares del círculo íntimo, entre ellos dispositivos de familiares y compañeros que podrían aportar datos relevantes sobre las horas previas a la muerte.
Olivera tomó declaración testimonial esta semana a los padres de Fernanda: el martes fue a fiscalía la mamá y este miércoles el papá.
Este miércoles por la mañana declaró en la sede de Fiscalías José Alejandro Almada, padre de Fernanda, acompañado por el abogado Juan Manuel Blanco. Su testimonio se extendió durante más de dos horas y, al retirarse, evitó hablar con la prensa por el fuerte impacto emocional del caso.
Quien sí tomó contacto con los medios fue el representante legal de la familia, que dejó una frase que elevó la tensión alrededor del expediente: “Estamos preparando la acusación que queremos presentar al Ministerio Público Fiscal”.
Aunque evitó precisar contra quiénes apuntará la presentación, la afirmación abre un nuevo escenario en una causa que ya genera conmoción social y mantiene en vilo a la comunidad educativa vinculada a la adolescente.
Otro de los frentes que avanza es el pedido de la fiscalía al área de Salud Mental del Hospital Perrando, donde habría antecedentes de atención vinculados a una situación conflictiva con compañeros del colegio.
De acuerdo con la declaración de la madre, Fernanda atravesaba un cuadro de depresión que se habría agravado tras una pelea con un grupo de estudiantes, por lo que la Justicia intenta establecer si existieron episodios de acoso escolar, hostigamiento o violencia psicológica que hayan incidido en el desenlace.
Ese informe médico, sumado a los datos extraídos de los teléfonos, podría ser clave para determinar si hubo responsabilidades penales de terceros.
Mientras el cuerpo ya fue cremado, la investigación judicial sigue abierta y se encuentra en una etapa de recolección intensiva de pruebas. Declaraciones familiares, análisis forenses, peritajes digitales y antecedentes médicos aparecen hoy como las piezas que definirán si la causa avanza hacia una imputación formal.
La muerte de Fernanda continúa provocando una fuerte conmoción en Resistencia, donde familiares, allegados y compañeros esperan que las pericias permitan conocer con precisión qué ocurrió y si alguien empujó a la adolescente a tomar la drástica decisión.
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