La disputa por el Lote 88 de Miraflores sumó un nuevo capítulo de alta tensión política y judicial. La jueza Civil, Comercial y Laboral de Juan José Castelli, Selva Sandra Gaynecotche, intimó al gobernador Leandro Zdero y al exministro de Gobierno Julio Ferro a abstenerse de emitir declaraciones públicas orientadas a desconocer la sentencia firme que ordena entregar el título de propiedad comunitaria a la asociación indígena “Mujeres Fuertes”.
La resolución reaviva un conflicto que lleva más de una década en los tribunales y que tiene como eje el reconocimiento del territorio ancestral a la comunidad indígena de Miraflores. En las últimas semanas, el caso volvió al centro de la escena luego de que el propio Zdero anunciara públicamente que buscaría frenar la escrituración, alegando presuntos perjuicios para el municipio y sus habitantes.
Según trascendió en el portal especializado Litigio, la decisión judicial responde a una presentación realizada por la abogada Carolina Aquino, representante de la asociación, quien denunció que las reiteradas expresiones públicas de Zdero y Ferro no solo desconocen la autoridad de una sentencia firme, sino que además profundizan la conflictividad social en la zona. La magistrada recordó que ya existe una medida cautelar vigente desde 2020 que prohíbe a funcionarios provinciales manifestarse en contra de resoluciones judiciales consolidadas.
El fallo que ordena la titularización comunitaria del Lote 88 quedó firme hace más de 12 años y es considerado un antecedente clave en materia de derechos territoriales de los pueblos originarios del Chaco. Desde la comunidad sostienen que todas las alternativas impulsadas por el Ejecutivo provincial para revisar o frenar la escrituración implican una abierta desobediencia judicial y un nuevo intento de postergar el cumplimiento de derechos reconocidos por la Constitución Nacional, la Constitución provincial y convenios internacionales.
En paralelo, la asociación “Mujeres Fuertes” presentó ante la Justicia la documentación que acredita su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas, uno de los argumentos que había utilizado el Gobierno para cuestionar la entrega del título. Ese punto había sido uno de los obstáculos que incluso motivó la suspensión momentánea del ultimátum judicial que vencía a fines de marzo.
La advertencia judicial es contundente: si los funcionarios vuelven a realizar declaraciones públicas en contra del fallo, podrán recibir multas económicas personales. El mensaje del tribunal busca poner un límite a la escalada discursiva en torno a un conflicto que mezcla derechos indígenas, tensiones políticas y un fuerte impacto social en Miraflores.
Con información de Revista Litigio
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