Según se detalla en la norma, el objetivo es impulsar el desarrollo territorial equitativo en la provincia mediante inversiones consideradas estratégicas. Sin embargo, la operación implica un nuevo compromiso de deuda externa en moneda extranjera, en un escenario económico marcado por restricciones presupuestarias y caída de recursos.

El esquema financiero establece que la Nación actuará como garante del préstamo ante FONPLATA, mientras que la provincia deberá asumir el repago mediante un contrato de contragarantía. En caso de incumplimiento, el Gobierno nacional podrá debitar automáticamente los fondos correspondientes a la coparticipación federal hasta cubrir la totalidad de la deuda.

Desde el Banco Central de la República Argentina se evaluó que el impacto macroeconómico de la operación será “limitado” sobre la balanza de pagos. A su vez, la Oficina Nacional de Crédito Público consideró que el costo financiero del préstamo es más conveniente que el que podría obtener el país en los mercados internacionales.

El decreto también faculta al Ministerio de Economía de la Nación a suscribir los contratos de garantía y realizar eventuales modificaciones, siempre que no alteren el monto ni el destino de los fondos.

Más allá de los argumentos oficiales sobre el impulso a la infraestructura, la decisión vuelve a poner en debate el nivel de endeudamiento provincial en dólares y la dependencia de financiamiento externo para sostener obras públicas, en un contexto donde el ajuste nacional reduce el margen de maniobra de las administraciones locales.