La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este viernes un nuevo capítulo con una medida clave impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita. La fiscalía citó a declarar al contratista encargado de las refacciones realizadas en la propiedad ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, con el objetivo de reconstruir el circuito de contratación, ejecución y pago de las obras.
El testigo convocado es Matías Tabar, responsable de la firma Grupo AA, señalado como quien estuvo a cargo de los trabajos en el lote 380, inmueble adquirido en noviembre de 2024 por Bettina Angeletti, esposa del funcionario nacional. Según dispuso la fiscalía, deberá presentarse el próximo 24 de abril a las 9 en Comodoro Py con la totalidad de la documentación vinculada a la obra.
Entre los elementos requeridos figuran presupuestos, contratos, órdenes de trabajo, facturas, recibos, certificados de avance de obra y comprobantes de pago, además de cualquier constancia que permita determinar el alcance real de las refacciones y el origen de los fondos utilizados. La medida incluye también la entrega de chats, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, imágenes, renders y fotografías intercambiadas con Adorni, su esposa o intermediarios.
En paralelo, Pollicita reiteró un pedido formal a la administración del barrio privado para que detalle cómo fueron abonadas la tasa de ingreso de USD 5.000 y las expensas del lote durante todo el período investigado. La fiscalía busca conocer si los pagos se realizaron en efectivo, por transferencia, cheque u otros mecanismos, además de identificar las cuentas de origen y la persona que efectuó cada operación.
La investigación judicial apunta a esclarecer posibles inconsistencias patrimoniales en torno a las operaciones inmobiliarias vinculadas al jefe de Gabinete, incluyendo también la compra de su departamento en Caballito y otros movimientos financieros ya bajo análisis.
La citación al contratista se suma a otras medidas recientes ordenadas por la fiscalía, entre ellas la convocatoria a escribanas, vendedores y personas que financiaron distintas operaciones inmobiliarias atribuidas al funcionario.
Todos deberán presentarse con documentación fiscal, declaraciones juradas y registros digitales de comunicaciones, en una causa que, bajo la supervisión del juez Ariel Lijo, avanza sobre el patrimonio de Adorni y su entorno familiar.
Con información de Infobae
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