El manejo de los recursos públicos en el Municipio de Resistencia volvió a quedar en el centro de la escena política tras una dura denuncia del concejal Fabricio Bolatti, quien acusó al intendente Roy Nikisch de llevar adelante un presunto esquema de administración opaca orientado a ocultar fondos, impedir controles y disponer de recursos de manera discrecional.

La presentación pública realizada por el edil sostiene que existiría un mecanismo basado en la demora de la información oficial, la falta de publicidad de los actos administrativos y el uso reiterado de contrataciones directas, una combinación que —según afirmó— habría permitido ejecutar gastos y movimientos de fondos fuera del control oportuno del Concejo y de la comunidad.

Contrataciones bajo sospecha

Entre los puntos más graves señalados por Bolatti figuran presuntas contrataciones fantasmas, alquileres de camiones y maquinarias que no habrían existido, pagos por servicios supuestamente no prestados, sobreprecios en obras públicas y direccionamiento de contrataciones a un grupo reducido de proveedores.

El concejal remarcó que la operatoria se concentraría especialmente en el alquiler de equipos y maquinarias, un área en la que —según explicó— resulta complejo verificar posteriormente la efectiva prestación del servicio, ya que muchas certificaciones se realizan por tiempo y no por resultados materiales.

A partir de una estimación preliminar, la oposición advirtió que solo en ese rubro el volumen de fondos presuntamente malversados podría superar los $12.000 millones.

La polémica por los intereses financieros

Otro de los ejes de la denuncia gira en torno al crecimiento de los intereses generados por inversiones financieras con fondos municipales.

Según detalló Bolatti, mientras en 2023 los intereses rondaron los $45,4 millones, en 2025 habrían escalado a $5.650 millones, acumulando en dos años más de $10.000 millones. 

Para Bolatti, estos números reflejarían la existencia de una masa de recursos significativamente mayor a la informada en los estados contables oficiales. En ese sentido, estimó que el capital necesario para generar esos rendimientos rondaría los $20.000 millones.

Cuestionamientos por la publicación de resoluciones

La denuncia también pone el foco en la supuesta demora en la publicación de actos administrativos. Según se indicó, más de 3.000 resoluciones correspondientes a 2024 habrían sido difundidas recién en abril de 2025, mientras que otras decisiones de 2025 también presentarían retrasos.

Desde la oposición sostienen que esta situación habría impedido un control efectivo en tiempo real, ya que muchas decisiones vinculadas a contrataciones y ejecución de gastos se conocieron cuando ya estaban consumadas.

Reclamos por acceso a la información

Bolatti afirmó además que existiría una falta de respuestas a pedidos de informes y una retención sistemática de información relevante para el Concejo Municipal, lo que —según consideró— vulnera el derecho de acceso a la información pública.

Sin respuesta oficial

Hasta el momento, desde el Ejecutivo municipal no se emitió una respuesta oficial detallada respecto de los puntos señalados en la denuncia.

El planteo abre un nuevo escenario de tensión política en Resistencia y vuelve a instalar el debate sobre los mecanismos de control y la transparencia en el manejo de los recursos públicos municipales.