Las dos policías que figuran como acreedoras del jefe de Gabinete Manuel Adorni declararon este lunes ante la Justicia y confirmaron que el funcionario mantiene una deuda de 70 mil dólares más intereses, con vencimiento previsto para noviembre de 2026.

Se trata de Graciela Isabel Molina, comisario retirada, y su hija Victoria María José Cancio, quienes prestaron en conjunto USD 100.000 en efectivo. Ambas se presentaron en los tribunales de Comodoro Py para brindar testimonio ante el fiscal Gerardo Pollicita, donde aportaron chats y documentación vinculada a la operación.

Según consta en la causa, el préstamo fue acordado con un plazo de devolución de dos años y un interés anual del 11%. Las acreedoras detallaron que Adorni comenzó pagando cuotas mensuales de aproximadamente 900 dólares, cifra que luego se redujo a 600 dólares tras la cancelación parcial de USD 30.000 del capital. De este modo, el monto pendiente asciende actualmente a 70 mil dólares.

La operación se habría formalizado en una escribanía de la Ciudad de Buenos Aires, donde el entonces vocero presidencial ofreció como garantía una hipoteca sobre un departamento ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el dinero habría sido utilizado para la compra de un inmueble en un country de Exaltación de la Cruz, en una transacción que también quedó bajo análisis.

Investigación sobre el origen de los fondos

En paralelo, la fiscalía avanza en determinar el origen del dinero involucrado en las operaciones. A pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni, su esposa y las dos acreedoras.

El objetivo es establecer si existía capacidad económica suficiente para respaldar los préstamos, así como verificar la magnitud y trazabilidad de los fondos utilizados tanto en el crédito como en las operaciones inmobiliarias vinculadas.

Durante su declaración, Molina y Cancio aseguraron que el dinero provino de ahorros personales, además de fondos obtenidos a través de un juicio sucesorio y una demanda por diferencias salariales tras el fallecimiento del esposo de la comisario retirada.

La causa continuará en los próximos días con la declaración de nuevas testigos, entre ellas dos jubiladas que participaron en otra operación inmobiliaria con el funcionario, en la que también se habría pactado una hipoteca entre privados por una suma significativa.

Con información de Infobae