El juicio por lavado de activos que tiene como principal imputado al dirigente social Tito López entra en su tramo final y suma máxima tensión: la Fiscalía confirmó que pedirá condena para los cinco integrantes de la familia.
El fiscal general Federico Carniel sostuvo que durante el debate oral lograron probar la acusación con contundencia. “Estamos convencidos de que la teoría del caso ha quedado ampliamente demostrada, no solo con los testigos sino con la prueba documental”, afirmó.
Concluida la etapa testimonial, el proceso avanza hacia los alegatos finales, que comenzarán el 23 de abril. Allí, las partes expondrán sus conclusiones antes de que el tribunal dicte sentencia.
Según adelantó Carniel, el fallo podría conocerse el 7 de mayo, en una resolución que marcará un punto clave en una de las causas más resonantes de la provincia.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó cerca de 30 testigos, de los cuales declararon alrededor de 25. En contraste, la defensa propuso entre tres y cuatro.
Uno de los elementos centrales del expediente es la adjudicación de casi 3.000 hectáreas de tierras fiscales en la región de El Impenetrable.
De acuerdo a la investigación, la familia López habría intentado acceder a esas tierras inicialmente como organización social, pero luego modificó la estrategia para obtenerlas de manera individual.
“Los requisitos para la adjudicación no estaban dados”, explicó el fiscal, quien remarcó que este procedimiento será considerado como el delito precedente del presunto lavado de activos.
En paralelo, existe una causa residual que amplía la investigación: ya fueron indagados funcionarios públicos, un contador y dos personas acusadas de haber comprado los campos vinculados a la familia.
Este expediente podría sumar responsabilidades y profundizar el alcance del caso.
Por su parte, Tito López rechazó las acusaciones y aseguró que no existen pruebas en su contra. “Todo fue armado”, afirmó, mostrándose confiado en que será absuelto junto a su familia.
Mientras tanto, la Justicia se encamina hacia una definición que podría tener fuerte impacto político y judicial en el Chaco.
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