Un fallo judicial en Resistencia ordena la reserva parcial de las actuaciones y prohíbe la difusión de pruebas en causas penales, en especial en el caso del homicidio de Jonathan Romero "Guasón".
El joven falleció de varios disparon el domingo 12 de abril en un quincho de avenida Chaco 3200 de Resistencia, misma madrugada en la que hubo otros dos homicidios más en Chaco.
Bozal legal
Este jueves de conoció, en un giro clave dentro de la investigación por el crimen de Jonathan Manuel Romero, conocido como el caso “Guasón”, la Justicia chaqueña resolvió imponer una fuerte restricción a la difusión de información vinculada a las causas penales, especialmente en hechos de extrema gravedad como homicidios.
Según documentación oficial a la que accedió Chaco Ahora, el Juzgado de Garantías dispuso la “reserva parcial de las actuaciones” y ordenó expresamente la abstención de difundir imágenes, audios o cualquier contenido del expediente.
La medida surge tras advertirse que partes intervinientes en el proceso —tanto defensores como querellantes— habrían difundido material sensible de la investigación, lo que podría afectar el normal desarrollo de la causa.
En ese sentido, el fallo sostiene que:
Además, se remarca que el caso investiga un homicidio agravado con arma de fuego y alevosía, lo que obliga a extremar las medidas de protección sobre la intimidad y dignidad de las víctimas.
La resolución judicial establece dos puntos centrales:
👉 Bajo apercibimiento de sanciones disciplinarias y posibles medidas judiciales.
La decisión se fundamenta en:
Estas normas garantizan el derecho de las víctimas a:
✔️ Un trato digno
✔️ Protección de su intimidad
✔️ Evitar exposiciones indebidas
El expediente investiga el asesinato de Jonathan Manuel Romero, un hecho que generó fuerte conmoción social y movilizaciones en Resistencia.
La Justicia advierte que la exposición mediática y la circulación de material del expediente pueden interferir en el proceso judicial y generar perjuicios irreparables.
Aunque la medida se dicta en el marco de esta causa, sienta un precedente clave: la Justicia comienza a endurecer su postura frente a la filtración de pruebas en causas penales, especialmente en homicidios.
Esto podría traducirse en mayores controles y sanciones para quienes difundan contenido sensible de expedientes judiciales.