Fallo histórico en Chaco: la Justicia declaró inconstitucionales las guardias pasivas de médicos forenses.
La sentencia –que se conoció este jueves y a la que tuvo acceso Chaco Ahora- ordena reformar el sistema laboral del Instituto Médico Forense y prohíbe exigir horas extra sin compensación.
En un fallo de fuerte impacto institucional, el Juzgado Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia hizo lugar a una acción de amparo presentada por médicos forenses del Poder Judicial del Chaco y declaró inconstitucional el régimen de “guardias pasivas” vigente, al considerar que vulnera derechos laborales básicos.
La resolución, firmada el 8 de abril de 2026 por el juez Julián Flores, establece que el sistema actual impone disponibilidad permanente sin regulación clara, sin límites de jornada ni compensaciones, lo que resulta incompatible con la Constitución Nacional y tratados internacionales.
Según se desprende del expediente, los profesionales denunciaron que debían cumplir guardias pasivas que, en la práctica, se transformaban en trabajo efectivo fuera del horario habitual, sin registro, sin pago adicional y sin descanso posterior.
El tribunal acreditó que esta modalidad generaba una sobrecarga estructural, afectando la salud física y mental de los trabajadores, en un contexto además calificado como “insalubre” por la propia actividad forense.
El fallo sostiene que el régimen laboral aplicado:
Además, se apoya en estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligan a los Estados a garantizar condiciones laborales compatibles con la dignidad humana.
Como medida central, la Justicia ordenó al Superior Tribunal de Justicia del Chaco elaborar un Plan Integral de Adecuación en un plazo máximo de 60 días.
Este plan deberá incluir:
El tribunal también dispuso que controlará su cumplimiento mediante informes trimestrales.
Hasta que se implemente el nuevo régimen, la sentencia ordena que el Poder Judicial se abstenga de exigir guardias que extiendan la jornada sin compensación.
Además, advierte que el incumplimiento podría derivar en sanciones económicas (astreintes).
El fallo no solo reconoce derechos laborales vulnerados, sino que pone el foco en una contradicción clave: el propio Poder Judicial, encargado de garantizar derechos, fue señalado por vulnerarlos en su organización interna.
Se trata de una resolución con efectos estructurales que podría sentar precedente para otros sectores del Estado.
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