La detención de Lidia Mabel Ojeda, acusada de ejercer ilegalmente la medicina en la provincia del Chaco, desató una fuerte disputa política y judicial. Desde el bloque legislativo oficialista Chaco Puede salieron a responder las críticas y aseguraron que el caso “no comenzó ahora”, sino que existen antecedentes graves de falsos profesionales de la salud que habrían actuado durante años sin controles efectivos.
No se debe olvidar que hasta el momento el único que pagó por el caso fue el denunciante: Orlando Di Núbila, director de Zona Sanitaria II, quien fue echado por el ministro de Salud Sergio Rodríguez.
"Comenzó a desempeñarse en 2023"
Los diputados que responden a Leandro Zdero remarcaron que la denominada “médica trucha” comenzó a desempeñarse en 2023, antes del inicio de la actual gestión provincial, y señalaron que el Ejecutivo realizó una ampliación inmediata de la denuncia apenas tomó conocimiento de la situación.
"Ojeda comenzó a ejercer en 2023, antes del inicio de la actual gestión de gobierno", dijeron este viernes Gómez y compañía sin precisar fecha exacata. No obstante, lo cierto es que Ojeda siguió trabajando hasta que Di Núbila realizó la denuncia (el 13 de abril de 2026) por los comentarios de sus compañeros que entendían que la mujer no sabía nada de medicina.
Ojeda fue detenida en Buenos Aires y está siendo trasladada hacia territorio chaqueño para quedar a disposición de la Justicia (llega este sábado 9). La causa investiga presuntos delitos vinculados a usurpación de títulos, ejercicio ilegal de la medicina y posibles responsabilidades administrativas y políticas.
Desde el oficialismo sostuvieron que el objetivo es “esclarecer completamente los hechos” y pidieron que la investigación incluya todas las irregularidades previas vinculadas al sistema sanitario provincial.
En medio del escándalo, desde Chaco Puede recordaron el caso de Ariel Rodríguez, denunciado entre 2022 y 2023 por ejercer como médico sin matrícula válida en distintas localidades del interior provincial.
Según señalaron, Rodríguez habría utilizado la identidad y credenciales de otro profesional para atender pacientes y emitir recetas médicas durante meses. El caso generó múltiples denuncias públicas y judiciales, aunque aseguran que “no hubo respuestas concretas ni sanciones ejemplares”.
Además, los legisladores deslizaron posibles responsabilidades políticas y administrativas de funcionarios que, según afirmaron, “habrían ignorado deliberadamente las advertencias”.
El caso amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos sanitarios y políticos del año en Chaco. Mientras la investigación judicial intenta determinar cómo Ojeda logró desempeñarse dentro del sistema de salud, la discusión política se trasladó a la Legislatura y expuso acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición.
Desde distintos sectores reclaman auditorías profundas sobre los mecanismos de control profesional, validación de matrículas y contratación de personal sanitario en hospitales y centros médicos de la provincia.
La investigación continúa y no se descartan nuevas imputaciones.
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