La sesión del Concejo Municipal de Resistencia prevista para este martes terminó envuelta en tensión política y social luego de que se cayera por falta de quórum justo cuando debía debatirse uno de los proyectos más polémicos de las últimas semanas: la prohibición de trapitos, cuidacoches y limpiavidrios en la ciudad.
La ausencia de la concejal oficialista Miriam Jara impidió alcanzar el número necesario para sesionar y dejó en suspenso el tratamiento de la ordenanza impulsada por el bloque de la UCR. Según trascendió, la edil habría llegado minutos más tarde debido a una situación vinculada a su salud.
“Hoy faltó una concejal oficialista y por eso cayó la sesión”, afirmó el concejal Ángel Sánchez, del CER, en declaraciones a Radio Libertad.
Mientras dentro del recinto no se lograba reunir el quórum, afuera un grupo de cuidacoches y trabajadores informales volvió a concentrarse para expresar su rechazo al proyecto de prohibición total.
Los manifestantes reclamaron que no se los “meta a todos en la misma bolsa” y advirtieron sobre la situación social que atraviesan muchas familias que dependen de esta actividad para subsistir.
“Si no trabajamos, no comemos”, señalaron durante la protesta.
También cuestionaron que el enfoque del proyecto se centre únicamente en la prohibición y no en soluciones laborales o mecanismos de regulación.
“La Policía tiene que detectar a los que cometen delitos y detenerlos, no tratar a todos por igual”, expresaron algunos de los presentes.
El concejal Ángel Sánchez cuestionó con dureza el proyecto impulsado por el oficialismo y recordó que desde abril de 2025 existe una iniciativa alternativa presentada por el CER para regular la actividad mediante un registro municipal.
“La idea era identificarlos con credenciales, sin que eso implique una tarifa obligatoria”, explicó.
Según sostuvo, el proyecto nunca fue tratado y tampoco hubo respuestas del Ejecutivo municipal a pedidos de informes vinculados a la problemática.
Además, señaló que el Frente Chaqueño también presentó propuestas similares y criticó que el oficialismo avanzara directamente hacia una prohibición total.
“Cuando el Estado no puede regular algo, lo primero que se le ocurre es prohibir”, lanzó.
La caída de la sesión profundizó el enfrentamiento político entre oficialismo y oposición alrededor del tema.
Horas antes, el concejal oficialista Javier Dumrauf había defendido públicamente la iniciativa y aseguró que “no quieren romantizar la indigencia”, en referencia a quienes consideran a los trapitos como trabajadores informales.
Desde la oposición rechazaron ese enfoque y acusaron al oficialismo de estigmatizar la pobreza.
“Parece que algunos quieren esconder a los pobres debajo de la alfombra porque se viene la Bienal”, disparó Sánchez.
El edil opositor insistió en que una prohibición por sí sola no solucionará el problema social de fondo y advirtió sobre las dificultades prácticas de implementar la medida sin un registro previo.
“Si vos prohibís, mañana vienen 300 personas diciendo que eran trapitos. ¿Cómo verificás eso si nunca hiciste un censo ni un registro?”, planteó.
También alertó sobre el riesgo de avanzar contra otras formas de trabajo informal.
“¿Después van a prohibir al que corta pasto? ¿Al que vende verduras? ¿A los serenos de barrio?”, cuestionó.
En medio del fuerte debate político y social por la prohibición de trapitos y cuidacoches en Resistencia, volvió a aparecer en la discusión pública el caso de Marcelo Lesana, conocido por muchos vecinos como el “trapito bueno”, cuya historia había generado gran repercusión años atrás en la capital chaqueña.
Lesana se hizo conocido por trabajar durante años cuidando vehículos en la zona céntrica y por protagonizar numerosos gestos solidarios con vecinos, comerciantes y personas en situación de vulnerabilidad. Su figura tomó notoriedad luego de que distintos ciudadanos destacaran públicamente que ayudaba a adultos mayores, colaboraba ante situaciones de inseguridad y mantenía una relación cordial con quienes circulaban diariamente por el sector donde trabajaba.
El caso suele ser mencionado cada vez que resurge el debate sobre los cuidacoches, especialmente por quienes sostienen que no todos los trabajadores informales vinculados a esta actividad deben ser asociados con hechos de violencia o extorsión. Precisamente, durante la discusión en el Concejo, sectores opositores insistieron en que “no se puede meter a todos en la misma bolsa” y reclamaron que el Estado avance en mecanismos de regulación y control en lugar de una prohibición generalizada.
Por el momento, el debate quedó postergado y la discusión sobre cómo abordar la actividad de los cuidacoches seguirá generando tensión política y social en la capital chaqueña.
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