La Justicia Federal resolvió que los siete efectivos policiales acusados de intentar sustraer cocaína durante una quema judicial en Colonia Benítez continúen detenidos. Cinco declararon y negaron los hechos; una explicación insólita llamó la atención del tribunal.

Domingo 21 de diciembre de 2025

La Justicia Federal dictó la prisión preventiva para los siete policías del Chaco acusados de intentar robar alrededor de nueve kilos de cocaína durante una quema judicial realizada en el Polígono Policial de Colonia Benítez. La medida fue dispuesta por la jueza federal Zunilda Niremperger, tras una audiencia que se desarrolló este domingo vía Zoom y se extendió por más de seis horas.

Durante la audiencia, cinco de los imputados prestaron declaración, mientras que los otros dos optaron por guardar silencio. Todos los que hablaron negaron los hechos que se les imputan, aunque una de las explicaciones generó especial atención: uno de los acusados sostuvo que el elemento hallado en su poder, similar a un ladrillo de cocaína, era en realidad una piedra de yeso que utilizaba para afilar una cuchilla, ya que —según declaró— ejerce el oficio de barbero además de ser policía.

Finalmente, la magistrada resolvió que los siete efectivos continúen detenidos, imputados por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por el número de partícipes y por su condición de funcionarios públicos encargados de perseguir estos delitos, además de peculado, todo ello en concurso real.

La audiencia comenzó a las 17 y concluyó cerca de las 23, en el marco de la formalización de la investigación bajo el nuevo sistema acusatorio federal. La instancia se realizó en día domingo debido a que vencía el plazo máximo de 72 horas de detención previsto por el Código Procesal Penal Federal.

La acusación fue impulsada por el fiscal federal Patricio Sabadini, titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Resistencia, junto a la fiscal interina Ruth Hilgenberg, mientras que Niremperger intervino como jueza de Garantías.

Entre los efectivos que declararon se encuentran el comisario César Alegre, el oficial principal Lucas Exequiel Martínez, el sargento Gustavo Jesús Acosta, el cabo Néstor Ariel Urne Canteros y el cabo primero Juan Nicolás Almirón Núñez, todos pertenecientes a la Dirección General de Consumos Problemáticos, ex Drogas Peligrosas. En tanto, el subcomisario Andrés Franco Ramírez y el cabo Gustavo Andrés Quizama hicieron uso de su derecho constitucional a no declarar.

La declaración más llamativa fue la de Urne Canteros, a quien durante el procedimiento se le halló una piedra de yeso empaquetada, sin signos de uso y con características similares a un ladrillo de cocaína. De acuerdo a la investigación, el elemento habría sido utilizado para camuflar la droga sustraída, aunque el imputado sostuvo que se trataba de una herramienta de trabajo personal.

En cuanto al lugar de detención, la mayoría de los acusados permanecerán bajo custodia de la Prefectura Naval Argentina en Barranqueras, mientras que Ramírez y Quizama continuarán alojados en dependencias de Gendarmería Nacional, en Formosa y Las Lomitas.

El hecho
La maniobra fue detectada el jueves por la mañana durante una quema judicial de tres toneladas de marihuana y aproximadamente 80 kilos de cocaína. Funcionarios de la Justicia Federal advirtieron irregularidades en el procedimiento al constatar que se estaba incinerando menos droga de la consignada oficialmente.

Según la investigación, un grupo de policías que participaba del operativo habría intentado sustraer parte de la cocaína, ocultándola en mochilas y en la caja de un patrullero. En el lugar fueron detenidos siete efectivos del Departamento de Consumos Problemáticos, quienes quedaron inmediatamente a disposición de la Justicia Federal.

Se estima que el valor de la droga que intentaron llevarse asciende a unos 225 millones de pesos.

El caso generó un fuerte impacto institucional debido a que el operativo se realizaba a plena luz del día, con la presencia del ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, el juez Ricardo Mianovich y medios de comunicación que registraban el procedimiento. De no haber sido por la intervención de funcionarios judiciales, la maniobra podría haberse concretado sin obstáculos.

Con información de Revista Litigio